Reclaman más medios humanos para el sistema de juicios rápidos
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, se mostró ayer convencido de que la implantación del denominado sistema de juicios rápidos exigirá más medios humanos y materiales y advirtió que, pese a constituir todavía una incógnita en cuanto a su funcionamiento, habrá de garantizar los derechos de los justiciables, tanto de los acusados como de las víctimas, de forma que la rapidez no se convierta en sinónimo de injusticia. Carnicer, quien se desplazó a Valladolid para asistir al acto de entrega de cruces, insignias y medallas a ex decanos del Colegio de Abogados vallisoletano, letrados con 25 y 50 años de ejercicio profesional y de jura de nuevos colegiados, precisó que la Justicia nunca debe ser rápida «porque ello es contrario a la buena Justicia, como también lo es la dilación», y se decantó por hablar en términos de «Justicia ágil y juicios inmediatos», en lugar de hacerlo de juicios rápidos. Justicia ordinaria o abreviada En este sentido, el máximo responsable de los abogados españoles, no sólo consideró necesario aumentar los medios humanos y materiales para poner en marcha el nuevo sistema de forma eficaz y dar salida así a todos los casos que se sustraerán de la Justicia ordinaria o abreviada, sino también subrayó el «gran esfuerzo de formación, adaptación y disponibilidad que habrán de hacer jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y policías». Así, Carnicer aseguró que desde el Consejo General de la Abogacía se ha comenzado ya a trabajar para «estar apunto el día» en que comience el, según su opinión, mal llamado sistema de juicios rápidos, en referencia a que en cada colegio de abogados se dispondrá de un equipo de penalistas, debidamente preparado y especializado en este tipo de casos. Demorar el plazo En cualquier caso, el presidente de los abogados apuntó que el sistema habrá de contemplar que no hay casos iguales y que el enjuiciamiento de seres humanos requiere de un tiempo, de ahí que en aquellos supuestos en que no existan pruebas suficientes sea preciso demorar el plazo establecido por ley para evitar conculcar los derechos de los acusados y de las propias víctimas. Carnicer denunció que el derecho de defensa en España no está garantizado desde el momento en que muchos licenciados comienzan a ejercer de forma inmediata sin estar facultados para ello, frente a una minoría que sí lo está tras haber pasado dos años por las escuelas de práctica jurídica.