Europa otorga otro aparente respiro, que no lo es tanto

Tras cinco años de vigencia del Plan del carbón, las cuencas, las empresas y los mineros parecían haberse adaptado y acoplado a un marco legal estable en apariencia. Unos y otros habían adoptado lo que es el resumen de la situación de las comarcas del carbón de toda España: la resignación. Los mineros han perdido en buena parte aquella fiereza con la que se les cataloga fuera de las zonas en que viven, en gran parte debido al cansancio por las continuas luchas en defensa de su empleo y su modo de vida. Pero sobretodo porque las prejubilaciones han tenido un «efecto anestesia». Nadie quiere perder un día de trabajo, todos piensan que antes o después, con una media de 42 años, van a retirarse con una buena pensión. En franca despoblación El resto de los vecinos de las cuencas apuran lo que pueden las oportunidades que existen. Aunque una mirada al padrón de habitantes arroja un saldo desolador: 15.010 personas menos censadas en los ayuntamientos carboneros en el último lustro, según los últimos datos del INE; un 7,98% de caída demográfica en los 77 municipios desde 1991, 19.525 -un 10,14% de habitantes- de 1981 al 2001. En esta coyuntura se produjo un nuevo sobresalto: los Quince deciden no prorrogar el Tratado Ceca, que caducó, tras 51 años, el 23 de julio del 2002. Se inició un intenso debate en la UE, inicialmente con más detractores que defensores, sobre si es conveniente o no fijar un nuevo estatuto legislativo para la minería del carbón, esta vez encuadrado dentro del propio Tratado de las Comunidades Europeas, para mantener un marco mínimo de ayudas públicas a la minería. Para apoyar las tesis continuistas se introduce un nuevo concepto, el de la seguridad en el autoabastecimiento energético, el de consideración del carbón como materia prima estratégica para mantener la producción de electricidad en caso de emergencia: se calcula que al UE, en el 2020, dependerá en un 70% de materias primas energéticas importadas. Los detractores, inicialmente mayoría, esgrimen argumentos ambientales -contaminación tras la combustión- y economicistas -no se puede subvencionar un sector no productivo-. Una intensa labor desde todos los ámbitos políticos, sociales y sindicales (en Alemania y España fundamentalmente) logra que el Consejo de Ministros de Industria y Energía de la UE apruebe, el 7 de junio del 2002 un reglamento de ayudas estatales al carbón. Aunque deberán seguir siendo decrecientes y se endurece el marco legal actual. Nunca tan cerca Curiosamente es la primera vez que las cuencas no se han movilizado y salido a la calle. Ha sido una pelea de despachos, dialéctica y de grupos de presión en las más altas instancias de Bruselas. Parece, en esta ocasión, que la proverbial combatividad minera, se ha desmantelado. Quizá, como se argumenta, es que no se ha necesitado. Pero la realidad es que, en León, no ha existido conciencia de lo crucial que era el reglamento para las cuencas, y por extensión, para la provincia. La lucha sostenida durante más de un año en altas instancias no ha tenido reflejo ni trascendencia en la calle. Pareciera que nadie creía de verdad las ayudas a la producción y a las cargas de la minería pudieran desaparecer; quizá porque nunca había pasado. Pero lo cierto es que la espada de Damocles nunca había estado tan cerca. También hay la apariencia de que el problema está superado y que existe un respiro hasta el 2010, fecha de revisión del reglamento. No es así. A finales de este año 2002 el Gobierno español ha de enviar las primeras cifras del cupo de seguridad estratégico para el autoabastecimiento energético, el porcentaje de carbón que considera indispensable en caso de emergencia eléctrica para evitar apagones y parones en la industria. Habrá que ver qué cuantía le corresponde a las minas más rentables, saneadas y productivas de la Europa unida, las de León y Palencia. Esta cifra se cerrará en el 2004 definitivamente. El Gobierno central ya ha anunciado a patronal y sindicatos que el montante total será de 12 millones de toneladas, uno menos que lo que se produce anualmente en la actualidad. Aquellas minas que no entren en él -en teoría las menos rentables y las que menores problemas sociales y regionales creen con su clausura-, deberán inscribirse en un plan de cierre, que debe concluir antes de enero del 2008. Pero además, en el 2004 se fijarán los cupos de contaminación por tipo de combustible. Para superarlo habrá que comprar también cupos de emisión o pagar ecotasas que repercutirán directamente sobre el coste de producción. Y habrá que tener en cuenta que las políticas energéticas en los Quince se quieren derivar al consumo de gas y energía nuclear. Se ha salvado el escollo legal, pero el futuro sigue siendo incierto. Quien conozca las cuencas mineras sabe que realmente en el 2010, ni siquiera en el 2020, existirá tejido alternativo suficiente para suplir el peso industrial, económico y social del carbón: minas, térmicas, industrias afines, servicios y hasta pensiones. El túnel del carbón seguirá siendo oscuro durante lustros; si las cuencas consiguen que no se ciegue.