El largo túnel del carbón

La minería del carbón comenzó su declive industrial, económico y social casi al mismo tiempo que la provincia de León, al final de la década de los ochenta. En una gran parte, esa misma pérdida de peso específico viene motivada por el del carbón, verdadero motor durante décadas de la provincia. Decenas de industrias, y hasta sectores de un peso específico tan importante como el eléctrico, tienen una presencia y un carácter fundamental en el tejido socioeconómico leonés. Porque esta materia prima generó ingente empleo directo e indirecto, riqueza y servicios a su alrededor. Hasta infraestructuras como la Feve o el ferrocarril de MSP nacieron por y para el carbón. La minería mueve miles de millones con su actividad y en su entorno: se calcula que por cada puesto de trabajo en los pozos hay tres o cuatro vinculados de forma indirecta o inducida en la provincia. Aunque no hay datos recientes, hace un lustro se calculaba que la minería era la tercera parte del Producto Interior Bruto (PIB) de León. En 1989 llegaron las rebajas. España había entrado cuatro años antes en la Unión Europea. Los países que llevaban asociados décadas ya habían comenzado a acometer una racionalización de su sector carbonero, sustituyendo o diversificando sus fuentes energéticas y el tejido industrial de sus cuencas. Tampoco se debe olvidar que los cinco socios fundadores de la Unión lo fueron sobre la base del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (Ceca) en 1951. Ambos minerales marcaron el desarrollo de Europa en un momento en el que el Viejo Continente necesitaba de estas industrias para asentar su desarrollo y superar el desastre que supuso la II Guerra Mundial; hasta que el carbón dejó de ser petróleo en el Continente. El resto de la Europa unida nos llevaban ventaja: nuestro país, bajo la dictadura vivió aislado de sus vecinos. España tuvo que asumir, con más dificultades que el resto, la primera Decisión Ceca sobre racionalización del sector que se legisló tras su entrada en la UE en 1985. Fue la de 1989: había en torno a cuarenta minas de todos los tamaños; empleaban a más de 10.000 mineros y producían diez millones de toneladas de carbón anuales. La primera, brutal Aquella primera reconversión fue desastrosa para las cuencas de León. Un buen número de minas, muchas de ellas importantes, se vieron abocadas al cierre. Una clausura que no fue inmediata pero que se prorrogó hasta 1993: Hulleras de Sabero, Antracitas de Marrón, Antracitas del Bierzo, Combustibles de Fabero... por citar sólo algunas de las más importantes y conocidas. Más de 2.000 trabajadores se vieron afectados. Unos se acogieron a las primeras prejubilaciones mineras. Otros aceptaron las bajas incentivadas y se fueron. Y un grupo importante, una tercera parte, pudo recolocarse gracias a acuerdos puntuales y vitales para comarcas enteras. Como los de Fabero-Sil, que impidieron que 650 mineros quedaran en la calle y entrasen a trabajar en otros pozos, que recibieron a cambio cuantiosas ayudas públicas y más cupo de producción. Otras zonas no tuvieron tanta suerte. Es el caso de Sabero. Hulleras era toda la cuenca. Con el cierre, murió. Hoy el valle es su sombra, sin alternativas y en franca despoblación. Otras empresas, como MSP, se salvaron de casualidad, sólo gracias al empuje de sus mineros y de la comarca de Laciana. Porque una de las razones de semejante crisis en el sector era la caótica gestión empresarial, con compañías endeudadas mucho más allá de cualquier límite razonable, sin planificación de futuro y con la ineludible modernización paulatina olvidada casi completamente. A ello se sumaba un marco que obligaba a ir reduciendo las ayudas públicas que los gobiernos concedían para evitar una hecatombe social y económica en las cuencas: las minas que no fuesen capaces a cumplir tendrían que ir cerrando o reduciendo su producción y plantilla hasta los límites en los que cumpliesen las condiciones de la UE. Fue el nacimiento de la vigente política minera. La segunda, en 1993 En 1993 la Ceca promulgó otra Decisión, la famosa 3632/93. Sus condiciones, aún más duras. Pero al menos esta vez el sector estaba preparado e inmerso ya en la línea de racionalización y reconversión. Además, comenzaban unos incipientes -pero insuficientes- planes públicos de reindustrialización y revitalización económica alternativa de las cuencas. Durante toda la última década del siglo XX el goteo de cierre de minas, merma de empleo -vía prejubilaciones- y abandono de producción fue constante. En 1996, con la llegada del PP, atendiendo a las constantes exigencias de Bruselas y convencidos en el nuevo Gobierno que se debía acelerar al límite absoluto la reconversión -con cierres en bloque si era preciso-, se diseñó una política nacional, el Protocolo Eléctrico, que marcaba el fin definitivo de las minas de carbón. Otro sobresalto. La respuesta social fue contundente y masiva. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás y pactar un plan con los sindicatos, el Plan 1998-2005 de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón, que dio un nuevo respiro al sector. Ya había sólo 30 minas, algo más de 8.800 mineros y una producción de 6,9 millones de toneladas anuales. Más en 1998 El conocido como Plan del carbón aceleró otra vez el proceso reconversor. En su favor se ha de destacar que destinó medio billón de pesetas, más de 3.000 millones de euros, a infraestructuras, fomento del empleo y la formación específica para las zonas mineras, a fin de generar un tejido económico, industrial y social alternativo al monocultivo del carbón. A cuatro años vista, lleva cercenados más de 3.600 empleos mineros, 1,8 millones de toneladas de producción y seis minas; y habrá que seguir sumando casi otro tanto en el próximo lustro, en el caso más optimista seguramente. Las prejubilaciones impiden un impacto social y laboral mayor. Se han creado poco más de 2.000 empleos alternativos. El resultado es insuficiente todavía y harán falta décadas para que las alternativas sean eficaces y eficientes, aunque se están sentando bases que parecen sólidas. Ahora, tras la derogación del Tratado Ceca, la UE implanta un nuevo reglamento de ayudas al sector, que debería darle estabilidad. Aunque se desconocen aún sus efectos secundarios.