Un año histórico para León

A principios de año, el alcalde de León, Mario Amilivia, no escatimaba calificativos en una tribuna en la prensa leonesa para concluir que León se encontraba ante un momento «histórico». Doce meses después, la realidad ha demostrado que la conclusión del regidor era acertada: los datos -y también las sensaciones- demuestran que León atraviesa el peor momento hasta ahora de la crisis que arrastra desde hace años, sólo mitigada por algunas infraestructuras construidas pero demandadas desde hace lustros. El 2002 deja a la provincia sumida no sólo en la crisis, sino también instalada en la desesperanza: los datos de empleo son los peores de la historia (más de 20.000 parados y la segunda peor tasa de actividad del país); el Plan del carbón es ineficaz para revitalizar las cuencas, pero es hiperefectivo para destruir puestos de trabajo y reducir la producción por encima de los límites marcados para el 2005; la provincia ha descendido dos puestos en nivel de bienestar, del 39º al 41º, según los datos del «Anuario Social de La Caixa» (León obtiene un tres como puntuación; Valladolid alcanza el 8 y avanza del puesto 15º al séptimo). A pesar de todo, la capital leonesa (que tiene un peso decisivo en esos datos de bienestar) es la ciudad de España donde más impuestos se pagan (502 euros per cápita), aunque en su mayoría no repercutan en los ciudadanos (los grandes proyectos de la ciudad en los últimos años están financiados con fondos europeos y la integración del ferrocarril la pagarán en su mayor parte los ciudadanos a través de plusvalías); el precio de la vivienda ha aumentado un 16% en el último año y ya alcanza los 1024,5 euros por metro cuadrado, según los datos de Tinsa, la sociedad de tasación más prestigiosa de país; y la inflación se encuentra por encima de la media nacional (4% frente a 3,9%; 3,7% en Castilla y León). En un año histórico, las instituciones gobernadas por el PP y, en el caso de León, también por la UPL, tampoco han conseguido mejorar la cifras de emigración: 90.000 licenciados han dejado Castilla y León en los últimos años y, según la agencia europea Eurostat, Castilla y León fue la comunidad autónoma con menor crecimiento económico en el periodo 1995-2000. Justo el periodo de mayor crecimiento de la economía española en los últimos 25 años. Estos datos se han prolongado durante este año, por la incapacidad de crear empleo, de recuperar las grandes cifras económicas y de generar ilusión en una comunidad en la que Las cifras socioeconómicas de este año son nefastas y la respuesta ha llegado a las calles. La huelga general del 20-J no consiguió paralizar el país, pero tuvo un amplio seguimiento, también en León, que obligó al Gobierno a dar marcha atrás en la aplicación del decretazo: derogó siete de los ocho puntos y sólo mantiene las restricciones del subsidio agrario. Y la respuesta a la reforma educativa fue contundente: miles de estudiantes, también leoneses, se manifestaron contra una reforma impuesta sin diálogo y que cuenta con la oposición de gran parte del sector porque falla en su financiación, que el Gobierno oculta incluso al Parlamento. En el caso de León, la situación se agrava si se tiene en cuenta que la reforma favorece a los centros privados en una provincia con un 35% de población rural. Y la Universidad no sale mejor parada. Tampoco la situación de las instituciones ha sido positiva en el 2002, con un alcalde, el de Ponferrada, condenado por acoso sexual -lo que no impide que siga representando al PP en el consejo de Caja España- e inmerso en varios procesos judiciales. Y dos escándalos que siguen sin resolverse: las estrambóticas cifras del Censo Electoral de Residentes Ausentes (Cera), inflado en los últimos seis años según las cifras del propio Gobierno, y el reparto de las ayudas al desarrollo rural en Castilla y León, que en el 84,2% de los casos gestionan personas afines al PP, algunas incluso con cargos públicos y orgánicos. La Junta guarda silencio. Y los ciudadanos son conscientes: casi el 90%, según el CIS, asegura que tiene poca o ninguna información del Gobierno autonómico; el presidente, Juan Vicente Herrera, es el tercero peor valorado del país. Mientras, el PP de Castilla y León ha perdido influencia en Madrid; lo hizo en el congreso nacional (sólo Alfredo Prada tuvo un papel destacado) y también en el Ejecutivo, donde empezó el año con cuatro ministros y ya sólo queda uno. Esa debilidad también es electoral: a medio año de las municipales y autonómicas las encuestas no son positivas para los populares (la última conocida augura un empate con el PSOE en León y no asegura la mayoría absoluta en las Cortes de Fuensaldaña). Y en ese contexto se resienten los mecanismos democráticos, entre ellos la libertad de expresión, con continuas presiones, públicas y privadas, desde el poder a los medios y a los periodistas, para controlar la información y sus repercusiones. El 2002 es histórico, dicen los gobernantes. Las instituciones públicas acabaron su papel. Los datos describen otro panorama, que sólo la política de verdad con gobernantes de verdad (demócratas que saben aceptar críticas y que son críticos con la realidad) puede acabar con la apatía. Lo demás sólo es propaganda.