El subdelegado denuncia a Rubinat, Sierra y Canedo por dañar su honor

La demanda civil interpuesta contra los socialistas Emilio Sierra y Antonio Canedo y contra el diputado leonesista Luis Herrero Rubinat sostiene que las declaraciones en los medios de comunicación realizadas por éstos «constituyen una intromisión ilegítima del derecho al honor» del subdelegado del Gobierno en León, Víctor Núñez. Del mismo modo, se considera que «como consecuencia de la intromisión ilegítima se ha causado un daño moral al actor, lo que conlleva la condena a los demandados, conjunta y solidariamente, a la indemnización que por importe no meramente simbólico determine el juzgador». Así, se pide también que «se restablezca al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, acordando que se condene a los demandados a la difusión de la sentencia, a su costa y en los mismos medios de comunicación referidos, con la igual extensión, número de página y características». Medidas por las inundaciones En la demanda civil, en el apartado de hechos, se explica que en su día, la Subdelegación del Gobierno remitió al Ministerio para las Administraciones Públicas un listado con los proyectos técnicos y presupuestos para obras de reparación o restitución de bienes y servicios de entidades locales para que se adoptaran medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias de febrero y marzo del año 2001. El citado ministerio prestó su conformidad a la relación remitida desde León, «encontrándose entre los proyectos informados, a tenor de la documentación remitida directamente por el Ayuntamiento de Ponferrada a la Subdelegación del Gobierno en León, las obras relativas a la reparación de la carretera de Lombillo a Molinaseca, y el acceso a Lombillo desde la carretera a Los Barrios, por importe de 40.722 euros y 104.464 euros, respectivamente». Vinculación con el Bierzo El abogado que ha redactado la demanda civil recuerda en la misma que «mi mandante, Víctor Núñez García, que nunca ha ocultado su larga vinculación con la provincia y con la comarca del Bierzo, así como haber comprado en Lombillo unas ruinas para hacerse una casa, posee en dicha localidad una huerta, en cuyo interior existen restos de una casa y almacén cuya construcción data de hace más de sesenta años y se encuentra en estado totalmente ruinoso». De hecho, en la demanda el abogado «plantea el enjuiciamiento de lo expresado a través de los medios de comunicación pro los demandados, insistiendo en sus declaraciones durante más de una semana con prevalimiento de la especial afección que mi mandante ha reconocido profesar hacia la localidad que se dice indebidamente favorecida por las ayudas cuestionadas, y criticando unas decisiones cuya adopción le imputan, cuando lo cierto es que por el órgano colegiado que le corresponde presidir en cuanto subdelegado del Gobierno ha ejercido una mera facultad de propuesta al centro directivo superior llamado a resolver». Potestades inexistentes En la demanda se indica también que «el señor Sierra atribuye al hoy demandante de forma reiterada y con menosprecio de la verdad, potestades (dar ayudas por inundaciones) resolutorias de las que carece en esta materia, así como la posesión de una casa en Lombillo; hechos falsos que pone en relación a los que anuda una serie de juicios de valor y sospechas sobre el interés personal del actor, vertidos de forma sesgada y torticera, al argumentar sin fundamentación alguna que la solicitud de las obras a realizar no partió a la Diputación Provincial y que la titularidad de las carreteras no corresponde al Ayuntamiento de Ponferrada». Por último, la demanda señala que «en términos semejantes se expresa el señor Canedo, que no obstante incurre en contradicción al reconocer la necesidad de llevar a efecto las reparaciones en cuestión. Y aún van más lejos las expresiones empleadas por el señor Herrero, que no duda en imputar a mi representado una conducta delictiva que con absoluta ligereza califica de prevaricación».