Los demandados por el subdelegado censuran que se judicialice la política

El portavoz del PSOE en la Diputación hasta hace unos días, Emilio Sierra, aseguró ayer que «nunca he tenido intención de menoscabar el honor de nadie, pero sí de cumplir con mi obligación como portavoz de la oposición en la Diputación, que es denunciar aquello que no es justo y, desde luego, aquel reparto no me pareció justo y por eso lo denuncié. Confío en la justicia y espero que la demanda sea desestimada». Por su parte, el portavoz de la UPL en la institución provincial, Luis Herrero Rubinat, fue especialmente crítico con la demanda presentada por Víctor Núñez contra él mismo y contra los dos políticos socialistas. «La judicialización de la vida política es un mal remedio siempre. Además, normalmente, se hace desde la oposición y no desde el gobierno. En este caso, no sólo es el partido del gobierno, sino la máxima institución del mismo en la provincia. Otra sorpresa es acordarse después de siete meses que le hemos zaherido su honor. Si tan grave fue la afrenta, lo normal es tomar las medidas unos días o unas semanas después, y no tras siete meses». «Pobre jurídicamente» Herrero Rubinat indicó también que «desde el punto de vista jurídico, la demanda está planteada con manifiesta temeridad, habida cuenta su falta de fundamento. Desde este punto de vista, estoy tranquilo. Lo peor es que la demanda entremezcla temas particulares de Víctor Núñez con documentos obtenidos en la Subdelegación, concretamente el archivo de su gabinete de prensa». En esta línea, el portavoz de la UPL aseguró que «desde el punto de vista político, la demanda no nos deja tranquilos en la UPL. Nos ha dejado preocupados, porque el subdelegado del Gobierno ha desenmascarado la cara más reaccionaria, atávica y antidemocrática, políticamente hablando, del PP». Rubinat concluyó asegurando que «llama la atención que diga en su demanda que no es político cuando vive en una casa patrimonio del Estado, tiene un sueldo que no se corresponde al de funcionario, y tiene coche y chofer oficial, prebendas éstas que no tienen habitualmente el común de los funcionarios, y sí los políticos. No sólo en la demanda se reconoce la veracidad sustancial de los hechos denunciados por los partidos de la oposición, sino que además aporta datos nuevos y reveladores que agravan la situación y que justifican las críticas, como es el hecho de que cuando se reunió la comisión que reparte las ayudas por las inundaciones, hacía tan sólo seis meses que el subdelegado había escriturado la compra de una casa en Lombillo, donde casualmente van a parar casi un tercio de las ayudas, 24 millones de pesetas sobre 80 del total para toda la provincia. Este grupo político desconoce si el subdelegado, por intereses personales, se abstuvo en la votación de la propuesta. Tampoco Lombillo fue una zona especialmente castigada por las inundaciones en comparación con otras zonas del Bierzo y de la provincia». «El subdelegado es político» Por su parte, el procurador socialista y alcalde de Camponaraya, Antonio Canedo, manifestó ayer al respecto que «la demanda la basa el subdelegado en la protección del derecho al honor y, lo que es peor, dice que no es político. Me gustaría a mí que todos los políticos tuviesen una casa en el mejor sitio de Ordoño pagado con dineros públicos, chofer, guardaespaldas, etcétera. Tiene también un sueldo muy alto y no ha hecho ninguna oposición para conseguirlo, ya que ha sido nombrado a dedo. Lo que yo he hecho únicamente es ejercer como procurador. Además, como alcalde de Camponaraya he defendido a los vecinos de mi municipio y de las zonas dónde sí hubo verdaderas inundaciones. Es de risa que no se pueda criticar un reparto que a nuestro entender fue erróneo. Él propuso nueve obras que suman ochenta millones de pesetas. Casi un tercio de las ayudas fueron para Lombillo. Allí pudo haber algún problema por las inundaciones, pero hubo muchos más en otros sitios en el Bierzo. Además, la obra ni siquiera la pidió la Diputación, titular de la carretera, y lo hizo el Ayuntamiento de Ponferrada, que no es propietario de la vía».