Denuncian que algunos centros son favores políticos

«En la distribución de centros de salud en la provincia no sólo imperan razones sanitarias objetivas: hay algo más». Alberto del Pozo, de Comisiones Obreras, se lamenta de que la sanidad pública «se haya convertido en una herramienta de pago político» más que en un servicio racionalizado que tenga en la calidad de la atención a los ciudadanos su objetivo prioriotario. Muchos consultorios locales de salud «son favores políticos a los alcaldes», afirma el sindicalista, puesto que los regidores municipales consideran «un triunfo político conseguirlos». Para ello, algunos consistorios «inflan los datos del censo para alcanzar los cincuenta habitantes necesarios para obtener una de estas consultas», cuya asignación, en muchos casos, «demuestra una falta total de coherencia en el empleo de los recursos», apunta del Pozo. «Se incumplen los acuerdos» La sanidad debe acercarse a los ciudadanos, pero de forma objetiva, insisten los sindicatos, que no están satisfechos con la reestructuración de la sanidad pública que se ha elaborado con la transferencia de competencias sanitarias alcanzadas en enero de este año. Las centrales consideran que la remodelación del sistema debería ser más profunda y abordar de lleno la cuestión de los recursos humanos. A juicio de Alberto del Pozo la Administración «incumple los acuerdos de la Mesa de Diálogo social», fundamentalmente porque los presupuestos para sanidad «hace imposible alcanzar esos compromisos que necesitarían, al menos, 240 millones de euros -40.000 millones de pesetas- más en toda la comunidad autónoma de Castilla y León».