Llevan ante el Defensor del Pueblo de la UE «infracciones ambientales» de las térmicas

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo por la inacción de la Comisión Europea ante lo que considera «infracciones ambientales» de las centrales térmicas en Castilla y León. Según denuncia el instituto, las centrales de carbón de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla del Río Carrión, deben realizar cada año un informe bases para garantizar que no contaminen el suelo ni las aguas subterráneas de sus emplazamientos. Sin embargo, «dicho informe no se elaboró en el año 2014, cuando solicitaron la actualización de sus autorizaciones ambientales», añade el instituto, que afirma que «la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León actualizó estos permisos sin exigir los informes obligatorios». A este respecto, la consejería ha aseverado que en su departamento constan los informes base de suelos, así como los informes de control y seguimiento de suelos aprobados en la actualización de la autorización ambiental de las cuatro centrales térmicas realizada en 2014.

Para el IIDMA, la consecuencia de la «omisión» es que, cesada la actividad de estas cuatro centrales entre 2018 y 2020, «no ha sido posible determinar el nivel de daño ambiental provocado sobre estas áreas, al no existir un informe previo con el que realizar una comparación».

Según señaló el IIDMA en su escrito, sin estos informes «se hace imposible, no solo determinar si se ha producido un daño ambiental significativo, sino, en caso de haberse producido, solicitar medidas reparadoras a los operadores». Entre estas medidas se encontraría la obligación de controlar, reducir o eliminar las sustancias peligrosas si, además de la contaminación, se determinase que existe un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente.

En su denuncia, el IIDMA solicitó la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulnerar la legislación ambiental de la Unión Europea. «Sin embargo, 1 año y 11 meses después, la Comisión Europea sigue sin pronunciarse al respecto», lamenta la organización.

En sus argumentos el organismo medioambiental incide en el hecho de que «la Comisión Europea ha superado, sobradamente, el plazo límite de un año para investigar las denuncias registradas en este organismo». También asevera que la CE tampoco ha informado al denunciante sobre este retraso y no ha contestado a la carta que el IIDMA envió en noviembre de 2020, solicitando información sobre el estado de su denuncia.

El IIDMA considera vulnerados los principios de Buena Administración reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Código Europeo de la Buena Conducta Administrativa, así como las reglas que rigen la tramitación por la Comisión de este tipo de denuncias y sus plazos de instrucción.

El instituto recuerda que las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla se encuentran actualmente en la fase inicial de desmantelamiento, «por lo que velar por un procedimiento seguro es una prioridad para el IIDMA». «Incluso a falta de los informes base, es fundamental que se lleven a cabo las evaluaciones necesarias para determinar si en estos emplazamientos existe contaminación y, en caso afirmativo, asegurar su restauración. La Comisión Europea no debería esperar más para tomar medidas contra Castilla y León», afirma Alba Iranzo, abogada ambiental del IIDMA.