La falta de empresas y material alarga a final de 2024 los plazos del Plan de Cooperación

La aprobación de una modificación presupuestaria de 27 millones de euros y de las bases para poner cuanto antes en la calle los 50 millones de euros del Plan de Cooperación 2022 de la Diputación protagonizó el Pleno extraordinario que celebrado ayer por la institución provincial. Un «día importante» para todos los grupos políticos, que apostaron por que se agilicen las obras por parte de los ayuntamientos que recibirán el 100 por cien de la subvención sin necesidad de aportar fondos propios y que tendrán dos años y medio para justificar las intervenciones.

El vicepresidente primero y diputado del Servició de Atención a Municipios (SAM), Matías Llorente, argumentó la amplitud de plazos en la falta de empresas en la provincia para ejecutar las obras y la crisis de carencia de materiales que afecta a todo el sector de la construcción. Su intención, afirmó, «es que ningún ayuntamiento se quede sin obra porque no ha podido cumplir los plazos». Actualmente aún están en marcha proyectos aprobados dentro de los planes provinciales de 2020 y 2021 que no han podido ser ejecutados por algunos ayuntamientos. La dilatación de los plazos, provocará que los diferentes planes anuales se solapen, como apuntó la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, quien propuso que se reforzara el personal del SAM para que los técnicos pudieran solventar las dificultades que se encuentran los municipios para agilizar las obras.

Llorente señaló que, con las bajas del 15%, el plan de este año «llegará a 65 millones de euros», cifra corregida tanto por el portavoz del PP, Francisco Castañón, como por Villarroel, que incidieron en que el aumento sería en todo caso hasta los 57,5 millones de euros.

Las puntualizaciones marcaron gran parte del debate también con la intervención del portavoz del PSOE, Nicanor Sen, quien arremetió contra las políticas municipales de la Junta de Castilla y León «que se ha dedicado a repartir calderilla», y que fue contestado por Castañón para defender que la administración autonómica «está cumpliendo con sus obligaciones». Villarroel, por su parte, también reclamó mayor fiscalización del gasto que los ayuntamientos hacen de «los impuestos de los leoneses» a través de este plan provincial, para que no se hagan obras sin sentido como «realizar parques infantiles en pueblos donde no hay niños».

Castañón, por su parte, se felicitó del cambio de criterio del equipo de gobierno que ha permitido aumentar el importe del Plan de Cooperación sobre los 30 millones que se invirtieron en 2021. Recordó que en 2018, bajo el mandato popular, ya se alcanzaron los 51 millones de euros con estos fondos que son los que «activan la economía» y «dan vida a esta provincia».

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, defendió la autonomía municipal para elegir las obras e incidió en que este plan es «un poco más alto» que el de 2018, que cifró en 48,5 millones de euros, en respuesta a Castañón.

También se aprobó una modificación de crédito de 38 millones de euros para gastos corrientes con cargo a los remanentes, con la abstención del PP porque son fondos que «ya deberían estar ejecutados», como matizó su portavoz.