Mario Rivas compró a través de terceros al menos tres fincas en la liquidación de CMC
El Ayuntamiento de Villablino eludió ejercer su derecho de reclamar los terrenos mineros a la administración concursal
El alcalde de Villablino, Mario Rivas, en una imagen de archivo. FERNANDO OTERO
El alcalde de Villablino, Mario Rivas López, adquirió las fincas 298, 301 y 306, todas ellas en San Miguel, en el proceso concursal de Coto Minero Cantábrico, si bien no lo hizo directamente sino, y siempre presuntamente, a través de personas interpuestas, según han confirmado a Diario de Léon fuentes próximas al regidor, circunstancia que podría explicar por qué el alcalde nunca ha querido mostrar publicamente los títulos de propiedad.
Estas tres parcelas forman parte, entre otras, del convenio firmado por la Comisión Vecinal de San Miguel que fue delegada por el entonces alcalde del PSOE, Pedro Fernández, el 18 de mayo de 1995.
En este acuerdo, que según fuentes jurídicas consultadas tiene toda la validez legal, la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), a través de su director delegado, Luis Tejuca, se comprometió a «donar a la Comunidad de Vecinos citada las fincas adquiridas como consecuencia de este convenio o que pueda adquirir la MSP a particulares o personas jurídicas y ubicadas en el término de San Miguel en un plazo de seis meses a partir de la finalización de la explotación (del Feixolín)».
Es el caso de las tres fincas que Rivas tiene a su nombre en el Catastro, que la MSP a través del vecino de Laciana José Fernández Castro, adquirió entre los años 1995 y 1996 a los siguientes vecinos: Celia Otero, Florentina Barrero y Aurelio Arias García. Pese a que el alcalde figura como titular de dichos terrenos en el Catastro, no ocurre así en el Registro de la Propiedad, donde están a nombre de Herederos de Domingo Rubio (306), Coto Minero Cantábrico (298) y Fermín Álvarez Rubio (301).
Los expertos jurídicos a los que ha tenido acceso Diario de León aseguran que el Catastro no da título de propiedad, algo que sólo se confirma «con el contrato y el registro de la propiedad». Asimismo, manifiestan que el contrato firmado entre MSP y la Comisión de Vecinos de San Miguel es legal. De hecho, el propio informe jurídico presentado por Mario Rivas durante el Pleno celebrado el pasado 7 de febrero para dar cobertura a sus adquisiciones recoge que el acuerdo entre MSP y la Comisión Vecinal fue ratificado por un acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Villablino de 1998.
Es preciso subrayar, además, que Mario Rivas habría comprado estas fincas durante su mandato como alcalde y para la adquisición no pidió informe jurídico alguno, puesto que el que presentó en el pleno citado tiene fecha de 28 de enero de 2022, apenas unos días antes de la celebración de la sesión plenaria, en la que Rivas ya sabía que los miembros de la oposición le pedirían explicaciones sobre la liquidación de CMC.
El propio alcalde respaldó con su voto una moción aprobada en un Pleno municipal de 2016 para exigir a los administradores concursales de Coto Minero Cantábrico (CMC) que revertieran al municipio las fincas de San Miguel de Laciana que utilizó en su día la MSP en su explotación minera, sin embargo nunca cumplió uno de los mandatos de dicha moción: que el Ayuntamiento de VIllablino reclamara la reversión de los terrenos. Es más, según fuentes jurídicas consultadas, el alcalde debería haber sido diligente y defender, durante la presentación del concurso de acreedores, los derechos del propio Ayuntamiento, que delegó en la Comisión vecinal para el acuerdo con MSP.
En concreto, la moción pedía que el Ayuntamiento de Villablino colaborara con las juntas vecinales en la recuperación de los terrenos, facilitándole a cada una de ellas una copia de la información recogida en el Plan de Recuperación de Espacios Degradados, relativa a las ocupaciones de sus Montes de Utilidad Pública (MUP). También reclamaba a los administradores Concursales de CMC la recuperación de los terrenos afectados por las ocupaciones en los MUP propiedad del Ayuntamiento de Villablino y exigía la devolución de los terrenos recogidos en el convenio firmado con la representación de la Comunidad de vecinos de San Miguel.
La moción firmada por Mario Rivas demandaba requerir a los administradores concursales de CMC la paralización de cualquier procedimiento de adjudicación, venta, alquiler, usufructo o cesión, que afectara a dichos terrenos. Mario Rivas debía de ser conocedor del acuerdo ya que en los concejos que se celebraron hasta que se firmó el convenio entre MSP y la Comisión están las firmas del padre de Mario Rivas, de su madre y de su abuelo: Constantino Rivas, Concepción López y Fermín López Rubio. Es decir, el alcalde no sólo conocía la existencia de este documento por su responsabilidad como alcalde, sino porque su propia familia colaboró de manera activa para llegar al acuerdo que preveía la donación al pueblo.