El Congreso ratifica la prohibición de la caza del lobo en todo el país

La caza del lobo seguirá prohibida en España. El Congreso rechazó ayer el intento del PP de tumbar la orden dictada hace nueve meses por el Ministerio de Transición Ecológica, la que convirtió a esta cánido salvaje en especie protegida en toda la península y, por lo tanto, en pieza vedada al punto de mira del rifle de cualquier cazador .

La votación reflejará la división, las aristas y los intereses enfrentados en esta polémica medida. La derogación, respaldada por PP, Vox, Foro y PRC, será derrotada con los ‘noes’ de los dos socios de Gobierno, de pequeñas formaciones de izquierda y de Esquerra, y contará con la abstención de Ciudadanos, EH Bildu y el PNV.

En la postura de uno y otro lado volvieron a subyacer las dos visiones contrapuestas . La de pastores y ganaderos tradicionales, que no ven en el lobo más que una alimaña, y la de naturalistas, que protegen un animal autóctono en riesgo de extinción.

El Parlamento, con su decisión, la que reclamaban todos los grupos ecologistas , blinda el actual estatus del lobo frente al intento de retorno a las batidas selectivas defendido por los conservadores, las organizaciones ganaderas y los ejecutivos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, las autonomías donde viven las 300 manadas que hay en libertad, y que impugnaron la orden ante la Audiencia Nacional.

La victoria de la iniciativa popular hubiese supuesto que el depredador ibérico sería especie protegida y no cinegética en los territorios al sur del Duero, donde los cánidos silvestres son una mera curiosidad, y, por el contra, en el norte de Castilla y León y en el cantábrico, donde vive el grueso de los 2.500 ejemplares, los lobos dejarían de ser intocables y podrían ser abatidos siempre que se cumplan las condiciones que fije cada autonomía.

Cuarenta ataques al día

El PP justificaba la vuelta atrás en que las ayudas y las compensaciones por los ataques del lobo son insuficientes para contrarrestar sus daños a vacas, ovejas, cabras o caballos y, sobre todo, para evitar que la presión sobre los ganaderos de León, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias o Cantabria «ponga en peligro el futuro de su actividad y del mundo rural». Su cálculo es que 40 reses mueren al día por las dentelladas del lobo (unas 14.000 al año) y que, también cada día, cierran dos explotaciones.

La iniciativa acabó en la papelera, pero tuvo gran utilidad política para el PP , que pudo alzar la bandera de la defensa del mundo rural, que la ultraderecha trata de disputarle abiertamente como se demostró en la marcha que en marzo recorrió el centro de Madrid. La ponente popular, Milagros Marcos, aseguró que era la voz de «los que lloran y viven con el corazón en un puño por un capricho del Gobierno socialcomunista» y preguntó «¿a quién tenemos que proteger, al lobo o a los ganaderos?». Vox también intentó rascar su cuota de protagonismo tirando de descalificación y hablando de medida de «’ecolojetas’ de salón» tomada desde la «ignorancia de despacho» de «Teresita la Roja» (en referencia a la ministra Ribera).

PSOE y Unidas Podemos coincidieron en que es una medida necesaria, porque la población de lobos lleva estancada décadas. Creen que el PP usa al depredador como «cortina de humo» para no entrar en lo que de verdad está acabando con la vida rural y las explotaciones agrícolas y ganaderas, que no sería el cánido salvaje sino los efectos del cambio climático y las prácticas desleales en la cadena alimentaria.

Más ayudas que nunca

Recordaron que la prohibición de la caza llega de la mano de un plan nacional para prevenir los ataques y resarcir las pérdidas de reses que multiplica por 26 la inversión destinada hasta ahora a facilitar esta coexistencia. El Estado distribuirá 20 millones en ayudas para que las explotaciones se pertrechen con medidas preventivas y de protección del ganado (mastines, vallados modernos, monitorización GPS, rediles de recogida nocturna) y otros 20 millones para resarcir los daños por ataques a los rebaños.

El Gobierno también destinará 664.000 euros a la realización de un censo actualizado del lobo en España, con datos sobre ejemplares, manadas y su ubicación, que permitan diseñar planes de coexistencia más ajustados a la realidad de cada zona. El último recuento válido, de 2014, concluyó que el 60% o más de las 297 manadas se concentraban en León, Palencia y Zamora, seguidas por Galicia, con el 28% de los depredadores.