El Consejo de Cuentas alerta de la falta de defensa municipal en ciberseguridad
Amilivia afirma que las herramientas de los ayuntamientos no están a la altura de las amenazas
Carlos Pollán y Mario Amilivia, en una imagen de archivo. NACHO GALLEGO
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, advirtió ayer de que «por lo general, el nivel de preparación de los ayuntamientos en ciberseguridad no es proporcional a las amenazas», según los informes sobre la seguridad informática, los primeros de este tipo que realiza el órgano de control externo.
Se trata de siete informes referidos al análisis de la seguridad informática en los ayuntamientos de Astorga, Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo, La Bañeza, Santa Marta de Tormes y Villaquilambre, a tenor de los cuales, tal y como ha insistido Amilivia, la preparación de dichas instituciones en la materia dista aún muy mucho de la elevada amenaza de la ciberdelincuencia.
En este sentido, ha rgumentado que «las administraciones públicas, a la hora de acometer el desafío de la administración electrónica o de la prestación de servicios de asistencia online, deben ser conscientes de que se convierten en garantes de los datos de los ciudadanos» y que «ahora todo pasa por la seguridad informática».
Este análisis de carácter pionero, realizado durante 2020 y 2021, se centró en ocho controles básicos de seguridad, un conjunto priorizado de medidas de seguridad orientadas a mitigar los ataques más comunes y dañinos. Adicionalmente se valoraron las recomendaciones de las guías del Centro Criptológico Nacional.
«Los casos de ciberataques al Servicio Público de Empleo Estatal o a la Diputación Provincial de Segovia, que paralizaron durante semanas su actividad, son ejemplos -explicó- de lo necesario de estas revisiones en el marco de la auditoría operativa, no limitada exclusivamente a los sistemas de información contable y financiera».
«Si atendemos a las cifras oficiales, en 2019 se detectaron 3.172 ciber incidentes de peligrosidad muy alta, mientras que en 2020 se han duplicado. El Centro Criptológico Nacional ha detectado 82.530 incidentes durante 2020, mientras que en el año anterior se reportaron en torno a 43.000», detalló.
Por ello, el efecto que se busca con las auditorías informáticas es el de «gota de aceite» para expandir la cultura de la ciberseguridad.
«De hecho, estamos verificando que tras estas primeras fiscalizaciones otros ayuntamientos empiezan a contratar soluciones o a organizar servicios internos. Queda un largo camino que recorrer, pero no es algo optativo. La fiabilidad de la información de nuestras administraciones, que es la de los ciudadanos, está en juego», apostilló.
Por otra parte, Amilivia, presentó los informes sobre la gestión de tributos de las nueve diputaciones en 2019, Amilivia y defendió que “los ingresos públicos constituyen una contribución coactiva del patrimonio de los ciudadanos por lo que su control resulta básico como medio de garantizar el sostenimiento de los gastos públicos”.
En cuanto a los aspectos organizativos, tres diputaciones (Ávila, Salamanca y Valladolid) tienen un organismo específico de recaudación, mientras que el resto prestan el servicio integrado en la organización provincial.
Las diputaciones con más personal asignado a la prestación del servicio de gestión tributaria y recaudación son las de León y Salamanca y, con menos, las de Ávila, Soria y Palencia.
Estos informes desvelan que un porcentaje superior al 95% de los municipios de cada provincia delega a las diputaciones las facultades de gestión tributaria y recaudatoria, tanto en la voluntaria como la ejecutiva.
En fase voluntaria
El Consejo ha observado que los ciudadanos suelen responder con un mayoritario pago de los impuestos en la fase voluntaria, ya que alcanzan el 90 por ciento de las cantidades puestas a cobro, con una suma total de 476 millones recaudados inicialmente y que se desglosan del siguiente modo: León (103,3 millones), Salamanca (73,2), Burgos (63,5), Valladolid (54,1), Ávila (48,5), Segovia (46,6), Zamora (34), Palencia (30,1) y Soria (22,3).
Por contra, cuando el contribuyente no paga, en la fase ejecutiva el grado de recaudación es «muy bajo en todas las diputaciones y tributos», según el informe, porque apenas alcanza el 30% sobre la suma total de las 9 instituciones, siendo también «muy bajo» el número de actuaciones de apremio y embargo, así como el alto grado de créditos que se declaran «incobrables».
En total, el Consejo de Cuentas emitió 96 recomendaciones dirigidas a las 9 diputaciones y salvo algunas de carácter singular, en la mayoría de los casos contemplan aspectos bastante comunes orientadas a mejorar los procedimientos y corregir las principales deficiencias detectadas.
Entre las recomendaciones, figura que en las diputaciones de Ávila, León y Segovia debería mejorarse el grado de recaudación en periodo voluntario de los impuestos ya que, con carácter general, se sitúa algo por debajo de la media.