Transparencia da un ultimátum a Mario Rivas para desvelar la liquidación de CMC

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, cuyos dictámenes son ejecutivos, da un ultimátum al alcalde de Villablino, Mario Rivas, para que envíe al concejal de Laciana Avanza en el anterior mandato municipal toda la documentación de la liquidación de CMC que solicitó hace tres años y que el ayuntamiento ha ‘hurtado’ durante todo ese tiempo al conocimiento público .

El Comisionado —que ya ha apercibido en dos ocasiones al primer edil— ha manifestado a este periódico que el pasado mes de mayo recibió un escrito del ayuntamiento en el que se aseguraba que se iba a cumplir la obligación, si bien el escrito traducía una «voluntad genérica de cumplir la resolución, que no se concretaba ni indicaba que se hubiera cumplido o cuándo se produciría». El órgano autonómico recuerda a Mario Rivas que sus dictámenes son «obligatorios» y deben cumplirse .

«Intento de zafarse»

Por su parte, el concejal de Laciana Avanza, Víctor del Reguero , preguntado por el Comisionado de la Transparencia, ha trasladado a este que no ha recibido la información requerida por parte del ayuntamiento y que se reserva el derecho a acudir a los tribunales de Justicia con el fin de que se cumpla la legalidad. «Considerando los más de tres años que han transcurrido, más parece un nuevo intento de dilatar y zafar la remisión de la información. No es el primero y seguramente no será el último, y acreditado está a estas alturas en el expediente el nulo interés del alcalde en dar conocimiento de esa información , e incluso podría decirse que lo acreditado es un manifiesto interés en no darlo». Las declaraciones del exedil —era representante público cuando solicitó la información— no son baladí y se explican en las decisiones u omisiones del alcalde en lo que a el desmantelamiento del conglomerado minero se refiere.

Cabe destacar además que el representante de Insolvency & Legal, empresa encargada de la liquidación de la empresa minera CMC, no ha querido aportar ninguna de las informaciones que Diario de León le ha requerido en varios contactos telefónicos , extremo que hace que todos los datos sobre las decisiones tomadas por el equipo de gobierno en este sentido permanezcan ignotas.

Reguero pidió hace tres años los permisos con que las obras de desmantelamiento de CMC se ejecutaban, la fecha de solicitud de los mismos, la de concesión, los proyectos con los que contaban, las tasas municipales e impuestos así como la fecha de abono de las mismas, las acciones de inspección o sancionadoras que se hubieran podido llevar a cabo por parte del Ayuntamiento en las distintas instalaciones industriales y mineras existentes en el municipio, etc.

Entre ellas, el concejal lacianiego reclamaba datos acerca del lavadero de Carbón de Villablino, Grupo Minero Carrasconte, Braña de San Miguel, Estación de Ferrocarril de Villablino, Nave de Talleres, instalaciones de Las Rozas y la acumulación de grandes cantidades de carbón en alguna de ellas, en especial, el Lavadero de Carbón de Villablino.

Las parcelas y el lavadero

La ausencia de información se desenvuelve en una situación de presuntas irregularidades que arrojan dudas acerca de las decisiones del equipo de gobierno. Entre ellas, la abdicación que el Ayuntamiento ha hecho por solicitar la reversión a Villablino de las fincas que MSP adquirió a los propietarios de San Miguel para la explotación del Feixolín, una decisión que el propio Mario Rivas votó en 2016. Con posterioridad a la votación, el alcalde constaba como propietario de al menos tres de esas fincas en el Catastro .

A esto se añade la situación en la que se encuentra la parcela del antiguo lavadero de carbón de la MSP, que la propietaria debería mantener limpia y acotada y que, sin embargo, se ha convertido en un polvorín en el que el carbón y otros materiales tóxicos a escasos metros del casco urbano y del río Sil se levantan como una ruina que cada día pone en peligro la seguridad de los vecinos. El Ayuntamiento es el responsable de la seguridad de las instalaciones del municipio y, no obstante, permite que el administrador concursal mantenga la parcela sin limpiar ni acotar. Todo ello a pesar de que el desmantelamiento —venta del material mediante— ya se produjo.