PSOE y PP podrían eximir a la banca de reinstalar cajeros si se llega a acuerdos con Correos
El PSOE y el PP quieren eximir a la banca de tener que reinstalar cajeros automáticos en municipios sin servicio bancario, tal y como mandata una ley aprobada en el Senado, y ofrecen como alternativa llegar a acuerdos con la empresa pública Correos o la puesta en marcha de oficinas móviles.
Así consta en sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, a la proposición de ley aprobada por el Senado y enviada el pasado mayo al Congreso, donde continúa su tramitación.
Esta iniciativa busca garantizar el servicio de cajero automático en municipios en riesgo de exclusión financiera y contempla una serie de obligaciones para el sector financiero, que debe facilitar las funciones de retirada e ingreso de efectivo, realizar consultas de movimientos y saldos, obtener extractos, realizar transferencias o el pago de recibos y tributos.
Sin embargo, con sus enmiendas el PSOE plantea cambiar el nombre de la iniciativa y dejarla en ‘Ley de garantía del servicio de retirada de efectivo’, y que en municipios de menos de 500 habitantes este derecho pueda garantizarse a través de oficinas de Correos y carteros rurales.
Para los municipios más grandes la retirada de efectivo podrá hacerse en una oficina bancaria permanente o un cajero automático, pero también a través de un agente financiero —con la posibilidad de que sea en una ruta de periodicidad semanal—, o una oficina móvil, también con la posibilidad de que sea semanal.
La formación de Gobierno esgrime que se trata de una «solución realista y eficiente para estas poblaciones», y que en el caso de los agentes financieros podrá prestarse un servicio más personalizado, «algo de especial interés habida cuenta de la elevada media de edad de la población en estos municipios».
Así, plantea suprimir toda la regulación sobre la instalación obligatoria de cajeros, si bien contempla una disposición para que el Banco de España realice un informe sobre el acceso al dinero efectivo en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor, y a partir de ahí estudiar si es necesario un régimen de prestación obligatoria.