La Diputación baraja cambiar los planes provinciales para agilizar los trámites
La corporación aprueba la séptima fase y aún quedan cinco ayuntamientos rezagados
Una sesión del Pleno de la Diputación, en una imagen de archivo. MARCIANO PÉREZ
El Pleno Extraordinario celebrado ayer en la Diputación de León dio el visto bueno por unanimidad a la séptima fase de las obras correspondientes al Plan de Cooperación Municipal de 2022 que en esta ocasión afecta únicamente a dos ayuntamientos, Villaquilambre y Roperuelos del Páramo. La corporación provincial también ha dado el visto bueno a las obras incluida la cuarta fase del Plan de Juntas Vecinales. Ambas partidas superan en conjunto los 1,3 millones de euros, de las que 797.000 corresponden a obras municipales.
Una vez más, se puso sobre la mesa el retraso en la ejecución de unos planes provinciales que siguen sin estar aprobados en su totalidad iniciado ya el cuarto trimestre del año debido a varios factores, incluida la dilación en la tramitación por parte de los ayuntamientos y del servicio de Intervención de la Diputación.
A pesar de lo avanzado del año, aún faltan cinco ayuntamientos por conseguir la aprobación de sus obras ya que no no tienen a punto la tramitación para que la institución provincial dé el visto bueno a sus proyectos. Los municipios retrasados son Encinedo, Castrillo de Cabrera, Pozuelo del Páramo, Reyero y Villaornate, que verán como las inversiones provinciales correspondientes a este 2022 se ejecutarán, más bien, en 2023.
Al respecto, el vicepresidente primero y diputado del SAM, Matías Llorente, apuntó a la posibilidad de realizar cambios en el procedimiento para que en el futuro, «las obras se puedan ejecutar mucho antes». Entre los problemas detectados también apuntó a la dificultad de la adjudicación de las obras debido a la crisis de costes que afecta al sector de la construcción.
Llorente mencionó como responsables a los propios ayuntamientos, los arquitectos, los problemas en la adjudicación de los trabajos e incluso, la ralentización en Intervención para fiscalizar las obras. Llorente lamentó que todavía se tenga que pedir documentación a los ayuntamientos «incumplidores» para «poder acabar con el plan» y se quejó de que hay municipios que «siempre esperan hasta el último momento».
El portavoz del PP, Francisco Castañón, también reclamó la necesidad de solucionar los problemas administrativos que sufren las juntas vecinales ante la falta de secretarios. En este punto, Llorente achacó la situación a la «falta de voluntad política» para atajar la problemática. Recordó que las juntas vecinales son «las propietarias de todo el patrimonio de esta provincia y no estoy dispuesto a que lo pierdan» por lo que hizo un llamamiento a las administraciones «para ponernos de acuerdo y solucionar el problema».