Los regantes claman contra la legislación que los ahoga y les frena crecer energéticamente
La jornada del Diario de León sobre el Reto de la Energía evidencia la necesidad del sector de avanzar en soluciones
Imagen de los participantes ayer en la jornada organizada por el Diario de León en la sede del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, en Hospital de Órbigo. MIGUEL F. B.
Los regantes de los regadíos modernizados de la provincia de León claman contra un marco legal que los ahoga y les frena para crecer energéticamente. Ésta es la principal conclusión que salió de la jornada organizada por el Diario de León que se celebró ayer en Hospital de Órbigo en la sede del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna bajo el título La fuerza de los regadíos en la provincia de León. El reto de la energía: eficiencia, gastos, ahorro, tarifas, energías renovables. Problemas y soluciones .
La jornada, moderada por el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torne, contó con la presencia de Rafael Sáez González, director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), dependiente de la Junta de Castilla y León, Ángel González Quintanilla, presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna y de Ferduero, Ángel Zorita, jefe de zona de Caja Rural, Herminio Medina, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, César Pan, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares, y Álvaro de la Puente Gil y Alberto González Martínez, profesores del Área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de León.
Los regadíos modernizados necesitan grandes cantidades de energía eléctrica para poder dar al agua la presión necesaria para que funcionen sus sistemas de riego, pero el aumento exponencial de los costes, principalmente en el último año, puede hacer peligrar la viabilidad de muchas explotaciones si no se pone solución. Por ello, reclaman cambios normativos que les den seguridad jurídica y aminoren sus gastos en esta materia. «Nosotros no decimos que nos cobren la energía más barata que la resto de la sociedad, pero que nos cobren por la que gastamos; y además tenemos que tener la seguridad de cuánto nos va a costar antes de sembrar nuestros cultivos», señalaba González Quintanilla.
Entre sus demandas de cambios legislativos figura una histórica: la doble tarifa, que estos días se votará en el Senado. «Esperamos que esta vez salga adelante y se aplique», afirman. La doble tarifa no es otra cosa que a las comunidades de regantes se les permita contratar un término de potencia pequeño para los meses en los que no consumen más energía que la necesaria para el mantenimiento de sus instalaciones y otra grande para los que están en campaña de riego (de mayo a octubre, aproximadamente) en los que su necesidad energética es mayor. En síntesis, pagar lo que consumen.
Otra de sus reivindicaciones es poder disfrutar de un IVA reducido del 5% en sus facturas eléctricas como ocurre en los hogares. Hoy a las comunidades de regantes se les aplica el 21%, un coste que no pueden deducir como sí le sucede a la industria en su mayor parte.
También abogan porque se vuelva a implantar la tarifa eléctrica especial de riego que se suprimió en el año 2007.
Hasta aquí sus demandas para ahorrar en el coste de la energía, pero también reivindican cambios legales en materia de implantación de energías renovables, principalmente solar fotovoltaica, en la que prácticamente todas las comunidades de regantes tienen en marcha proyectos de autoconsumo para ser más independientes energéticamente. Están convencidos de que éste es el camino, pero la legislación actual más que animarlos, los frena, aunque cuentan con el apoyo de la Junta de Castilla y León que financia al 50% estas instalaciones.
Los regadíos tienen, como se ha señalado, un consumo energético muy estacional circunscrito casi exclusivamente a las épocas de campañas de riego. Pero las plantas solares tienen capacidad, en mayor o menor medida, de producir electricidad casi todo el año. Los regantes no entienden que la ley no les permita verter a la red la energía que no utilizan y en épocas en las que no consumen deban tener las instalaciones paradas teniendo capacidad de producir. Además, recuerdan, que se trata de instalaciones que necesitan inversiones millonarias que deben amortizar. «No es lógico que cuando el país necesita energía, a nosotros no nos dejen producirla cuando no la necesitamos y después vengan grandes empresas a poner en nuestros pueblos inmensos huertos solares. Algo falla», aseguran.
Se trata de un embudo legal que, por un lado, ahoga a los regantes con el incremento de costes y, por otro, les hace dudar de sus inversiones en revovables.