Castilla y León y Galicia se quedan solos con el contencioso por las ayudas del lobo
Después de que Cantabria se haya plegado al ministerio, Suárez-Quiñones reitera que «no cederá al chantaje»
Los expertos aseguran que los controles hacia los miembros de las manadas son necesarios para predecir el futuro de la especie. DL
Castilla y León y Galicia se han quedado solos el conflicto abierto con el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por el reparto de los 20 millones de euros destinados para paliar los daños producidos por el lobo en el ganado, después de que Cantabria haya suscrito la estrategia de gestión del lobo propuesta por el Gobierno lo que le permitirá el cobro de los 1,6 millones que se les había asignado, al igual que hizo anteriormente Asturias.
«Nosotros no vamos a ceder a este chantaje», manifestó ayer el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Reto Demográfico de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que calificó la situación «de muy grave», por la «coacción» que está ejerciendo el gobierno sobre las comunidades para que suscriban la estrategia a la que votaron en contra en la conferencia sectorial del pasado 28 de julio por estar en contra de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
«Cuando Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria votamos en contra de la estrategia, porque consideramos que va en contra de la realidad al afirmar, sin el respaldo de ningún censo oficial, que la especie está en regresión , la ministra nos aseguró que nuestro voto no era vinculante para recibir las ayudas, cuyos criterios de reparto y asignación fueron aprobados en esa misma conferencia gracias a nuestros votos favorables, ya que eran cuestiones independientes como así se nos confirmó en ese momento», explica Suárez-Quiñones. «Ahora el ministerio nos niega ese dinero, que no es nuestro sino de los ganaderos, porque no nos plegamos a su estrategia con la que no estamos de acuerdo», denuncia el consejero.
El consejero viajó recientemente a Bruselas para buscar apoyos contra la protección del lobo impuesta en España. ZACARÍAS GARCÍA
Por este motivo, tanto Castilla y León como Galicia ya han presentado un requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo para cobrar esas ayudas, que en el caso de Castilla y León ascienden a 8,8 millones, que de no repartirse «se pederán» ya que son parte de los presupuestos generales de este año.
Mientras tanto, Castilla y León ultima una orden, ya consensuada con las organizaciones agracias, para adelantar esas indemnizaciones con carácter retroactivo desde el 21 de septiembre de 2021, a cargo de los recursos propios de la comunidad autónoma. «No vamos a dejar tirados a los ganaderos que son los que sufren directamente los ataques del lobo», denunció el consejero, que afirma que los daños desde que el Gobierno incluyó a la especie en el Lespre se han incrementado un 17%.
Suárez-Quiñones mostró una vez más su total disconformidad con la estrategia nacional del lobo, ya que «por primera vez en democracia se pactó ya no solo sin consenso de las comunidades sino con el voto en contra de las cuatro que concentran las mayores poblaciones de lobos», reitera. Por eso arremetió una vez más contra la ministra Teresa Ribera por «traicionar a los ganaderos y al mundo rural por una cuestión ideológica».
Suárez-Quiñones, insistió ayer que Castilla y León va a seguir «luchando desde Europa para frenar esto», sobre todo después de que una resolución del parlamento europeo estimada por la comisión que preside Ursula von der Leyen, se ha planteado una flexibilización en la normativa protectora del lobo a la que se ha aferrado Castilla y León para pedir al Gobierno de España que la imite y de «marcha atrás».
«El lobo no está en regresión como el Gobierno de España dijo a la UE: se encuentra en absoluta expansión y así lo ha dicho la UE», explicó el consejero.
Numerosos países de la UE, entre los que ha citado Austria, Eslovenia y Eslovaquia, han llamado la atención sobre el «problema de coexistencia» entre la ganadería y los grandes carnívoros como el lobo y el oso, que a su juicio «ponen en peligro» la subsistencia del medio rural como en su opinión sucede en España dentro de comunidades como Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia.
Mientras la UE se plantea flexibilizar la normativa protectora de los grandes depredadores, el Gobierno de España «ha hecho lo opuesto, camina en sentido absolutamente contrario a la realidad del campo, de la ganadería y de la normativa europea: debe dar marcha atrás y sacar al lobo del listado de especies protegida sujetas a la prohibición de su caza, sin excepciones», añade.
En el caso de Castilla y León, ha concluido, la realidad que viven los ganaderos es que el lobo «cada vez causa más daños, aumenta su población y no existe un control desde 2021».