Bruselas da vía libre al Fondo de la Transición Justa que dejará 125,5 millones de euros en León

El Programa del Fondo de Transición Justa para España, diseñado para abarcar los años comprendidos entre 2021 y 2027, destinará definitivamente a la provincia de León 125,5 millones de euros de los fondos consignados por la Comisión Europea para hacer frente al cierre de las minas y de las centrales térmicas. 

La Comisión Europea ha aprobado el Programa de Transición Justa de España, según ha informado el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demografico. El plan ejecutará los 868 millones de euros de ayuda del europeo Fondo de Transición Justa (FTJ) que le corresponden al país y que recalarán en los territorios elegibles de seis comunidades autónomas –Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia e Islas Baleares– afectados por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas de carbón.

Las ayudas, que se repartirán hasta 2027, apoyarán a más de 1.900 empresas, la gran mayoría Pymes, impulsando la generación de unos 6.000 puestos de trabajo a tiempo completo.

El montante que se estipula para las cuencas mineras leonesas supone un 14,4 por ciento de los 868,7 millones de euros que recibirá España de este fondo europeo y que se reparte entre las ocho provincias afectadas por el proceso de descarbonización  —Asturias, León, Palencia, Teruel, A Coruña, Cádiz, Almería y Córdoba— y la zona de transición justa de Alcudia, en Baleares. 

El criterio para esta distribución de fondos, del que el Instituo para la Transición Justa se queda más de 34 millones de euros para se ha realizado, según el ministerio replicando,  de forma prácticamente total, el modelo utilizado por las Instituciones Europeas en la distribución del  Fondo de Transición Justa entre los Estados Miembros, es decir, tomando en consideración el volumen de emisiones (50%), el empleo en minería (25%) y el peso del empleo industrial sobre la población activa (25%).

Así, Asturias con 262,8  millones de euros y más del 30 por ciento de la consignación, es la provincia que más fondos tiene adjudicados, más del doble que León, que es la segunda provincia beneficiada, seguida por La Coruña. 

Según el ministerio, el Fondo de Transición Justa tiene algunas ventajas frente a otras herramientas de apoyo, como que, bajo ciertas condiciones, pueden recibir ayuda las instalaciones sujetas al mercado europeo de emisiones de carbono, así como las grandes empresas para inversiones productivas, hasta un máximo del 15 % y el 30 % de los fondos totales, respectivamente.

Además, las tasas de cofinanciación son un 10 % más elevadas que las del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en regiones de transición y más desarrolladas, de modo que el gasto total a certificar ante las autoridades comunitarias ascenderá a unos 1.250 millones.

Las ayudas del Fondo de Transición Justa se añaden a las que viene canalizando el ITJ, que desde 2019 ha concedido 350 millones en ayudas para trabajadores, empresas y entidades públicas locales, a los que se suman otros 300 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El 96 % de los fondos procedentes del Fondo de Transición Justa será gestionado por las comunidades autónomas de los territorios elegibles y el 4 % restante (34,75 millones de euros) por el ITJ, que lo empleará para actuaciones transversales en esos territorios.

Asturias recibirá 262,85 millones, el 30,26 % del total de los fondos; seguida por Castilla y León, con 197,07 millones (el 22,69 % del total), y Andalucía, con 153,6 millones de euros (17,68 %).

Galicia tendrá 111,38 millones (12,82 % del total); Aragón percibirá 91,7 millones (el 10,56 %) y la zona de transición justa de Alcudia, en Baleares, 17,37 millones (el 2 %).

Las ayudas con cargo al Fondo de Transición Justa podrán ejecutarse hasta 2029, con el grueso (unos 500 millones) concentrado hasta 2026.

Servirán para financiar actuaciones de transformación ecológica de la industria y fomento de la movilidad sostenible, la economía circular y la eficiencia energética; así como de impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.

También pueden destinarse a pymes y proyectos empresariales tractores para la diversificación económica de los territorios, y a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), la integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la transformación digital.

Otras actuaciones que se pueden financiar son de rehabilitación ambiental, conservación de la naturaleza, biodiversidad y ecosistemas, promoción del patrimonio histórico y cultural relacionado con la minería y la industria, y fomento del turismo sostenible; además de infraestructuras sociales, economía social e iniciativas de formación y cualificación.