El Gobierno cede y libera a la Junta los casi 9 M€ pendientes por los daños causados por los lobos

Antes de que acabara el 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) transfirió a Castilla y León los 8,8 millones para afrontar medidas y pagos compensatorios por los daños ocasionados por el lobo y que permanecían bloqueados por la negativa del ejecutivo autonómico de votar a favor de la Estrategia Nacional del Lobo con la que no está de acuerdo por su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), entre otras cuestiones.

Castilla y León, junto con Galicia se habían quedado solos en el conflicto abierto con el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por el reparto de los 20 millones de euros destinados para paliar los daños producidos por el lobo en el ganado y habían iniciado un contencioso administrativo para reclamar estos fondos, después de que Cantabria suscribiera finalmente la estrategia de gestión del lobo propuesta por el Gobierno lo que le permitirá el cobro de los 1,6 millones que se les había asignado, al igual que hizo anteriormente Asturias.

Según explica el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Reto Demográfico de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, «como no puede ser de otra manera, esta Comunidad aplicará el marco definido en la estrategia nacional, en su integridad y a todos los efectos, sin perjuicio del voto en contra manifestado por mi parte sobre este documento y de nuestro posicionamiento, contrario a la Orden Ministerial de inclusión del lobo en el Lespre, que sigue en sede judicial». Así se lo hizo saber en la carta remitida al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el pasado 7 de diciembre en la que le recuerda que en la conferencia sectorial celebrada el pasado mes de julio para aprobar la citada estrategia del lobo, se acordó, como así manifestó la propia ministra Teresa Ribera, que el voto en contra no significaba no ejecución o respeto, por tanto se entiende, que corresponde también respetar los criterios de reparto».

Suárez-Quiñones ha denunciado que en todo este tiempo desde el ministerio han intentado condicionar el pago de estas ayudas a que «agacháramos la cabeza y pasar por su aro», algo que no han conseguido, ya que retener ese dinero podía incurrir en un delito incluso penal, puesto que su reparto fue un acuerdo independiente al de la votación de la estrategia. «Nos han querido chantajear para que suscribiéramos o nos adhiriésemos a la estrategia dando marcha atrás en nuestro voto negativo, pero no lo hemos hecho y han tenido que transferirnos el dinero pues se acababa el año», explica el consejero.

Castilla y León mantiene así su disconformidad con la estrategia nacional del lobo, ya que, según recuerda el consejero, «por primera vez en democracia se pactó ya no solo sin consenso de las comunidades sino con el voto en contra de las cuatro que concentran las mayores poblaciones de lobos», reitera. Por eso arremete una vez más contra la ministra Teresa Ribera por «traicionar a los ganaderos y al mundo rural por una cuestión ideológica».

Suárez-Quiñones, insiste en que Castilla y León va a seguir «luchando desde Europa para frenar esto», sobre todo después de que una resolución del parlamento europeo estimada por la comisión que preside Ursula von der Leyen, se ha planteado una flexibilización en la normativa protectora del lobo a la que se ha aferrado Castilla y León para pedir al Gobierno de España que la imite y de «marcha atrás».

«El lobo no está en regresión como el Gobierno de España dijo a la UE: se encuentra en absoluta expansión y así lo ha dicho la UE», explica el consejero.

Numerosos países de la UE, entre los que ha citado Austria, Eslovenia y Eslovaquia, han llamado la atención sobre el «problema de coexistencia» entre la ganadería y los grandes carnívoros como el lobo y el oso, que a su juicio «ponen en peligro» la subsistencia del medio rural como en su opinión sucede en España dentro de comunidades como Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia.

Mientras la UE se plantea flexibilizar la normativa protectora de los grandes depredadores, el Gobierno de España «ha hecho lo opuesto, camina en sentido absolutamente contrario a la realidad del campo, de la ganadería y de la normativa europea: debe dar marcha atrás y sacar al lobo del listado de especies protegida sujetas a la prohibición de su caza, sin excepciones», añade.

En el caso de Castilla y León, ha concluido, la realidad que viven los ganaderos es que el lobo «cada vez causa más daños, aumenta su población y no existe un control desde 2021».