Grupos ecologistas rechazan que se acorte la evaluación ambiental de proyectos renovables
Ante el nuevo procedimiento sobre la autorización de instalación de energías renovables, incluido en un Real Decreto-ley que el Congreso debatirá en los próximos días, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF advierten de que puede tener un efecto contrario a lo que pretende. Afirman que en lugar de acelerar el proceso para que España tenga un sistema eléctrico 100% renovable, «es probable que ralentice el despliegue renovable a base de demandas en los tribunales, erosionando la participación y la aceptación social de la necesaria transición energética». Y todo ello, afirman, «mientras se expone a numerosas especies amenazadas y espacios de alto valor ecológico a un riesgo innecesario y sin precedentes».
Por este motivo, las organizaciones ecologistas apremian al Gobierno de España y a los partidos políticos con representación parlamentaria a retirar esta medida y mantener el actual sistema, en el que se restringe esta vía rápida de tramitación ambiental a proyectos ubicados en zonas de baja sensibilidad ambiental, cuya definición debe, además, mejorarse.
En opinión de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, «la medida puede tener un efecto contrario a lo que señala la declaración de emergencia climática y ambiental del gobierno al ralentizar el despliegue renovable a través de su judicialización, poner en riesgo la protección de la biodiversidad y las políticas de desarrollo rural y fomentar el desapego y el rechazo social al despliegue renovable».
Explican que este rechazo puede producirse especialmente en las comunidades rurales retrasando la «urgente y necesaria» transición energética, que como inciden las organizaciones ambientales «debe sustentarse en una planificación en positivo de energías renovables responsables, tanto social como ecológicamente».
La medida amplía de facto esta vía rápida a cualquier proyecto renovable, con independencia de su tamaño o de si se ubica en un espacio con altos valores ecológicos o relevante para especies amenazadas, aunque sí excluye aquellos ubicados en espacios protegidos. Será de aplicación para todos los proyectos que tramite el Gobierno (aquellos superiores a 50 MW, es decir, los más grandes), pero la norma habilita a las Comunidades Autónomas a aplicarlo en sus respectivos territorios.