El acusado del crimen de Cembranos será juzgado por coacciones tres años después

El Juzgado de lo Penal número 2 de León ha señalado para el 26 de febrero de 2024 el juicio por un supuesto delito de coacciones que se atribuye al varón investigado por su participación supuesta en el crimen de Cembranos. Se trata de una vista sobre la presunta actitud intimidatoria que mantuvo el recluso durante el tiempo en el que coincidió en prisión con la otra acusada , una súbdita paraguaya compañera de profesión de la víctima, con la que trabajaba en un club de alterne de Villalobar.

La magistrada ha declarado pertinentes las pruebas propuestas por las partes acusadoras y la defensa para su práctica en el acto de juicio oral, pero no las pruebas propuestas por la acusación particular, que encarna la representación procesal de la familia de la fallecida y que consistenten en una prueba testifical de la Guardia Civil o el Cuerpo de la Policía Nacional intervinientes en el atestado, y testifical de un funcionario del Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, por no venir propuestos en la forma descrita en el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y las pruebas más consistentes en librar oficio al Instituto de la Mujer, y librar oficio a la Comandancia de la Guardia Civil, por tratarse de diligencias de instrucción incompatibles con esta fase del procedimiento, que se declaran impertinentes y no se admiten, sin perjuicio de que las partes puedan acudir a juicio con los medios de prueba de que intenten valerse.

Entiende el Ministerio Fiscal, que pide dos años de prisión y una multa de doce meses a razón de diez euros euros diarios (3.650 euros) que el acusado , con antecedentes penales por dos delitos contra la seguridad del tráfico y un tercero por atentado contra la autoridad, cuando estaba en el módulo de ingresos del Centro Penitenciario de Villahierro en el mes de marzo de 2021 y abril de 2021, con ánimo de obtener una resolución para él favorable en la instrucción de la causa, le dijo a voces a la otra investigada, con la única finalidad de causarle cierto temor y que cambiase su declaración «que tenía que decir que fue ella y exculparle a él porque sino ya sabía lo que le podía pasar, que si no decía que fue ella quién colocó la cinta de embalar en la boca y manos de la mujer muerta iba a matar a su familia en Paraguay. Que tenía que decir lo que le dijo, porque tenía un abogado que les iba a sacar de allí, que sino su familia lo iba a pagar, que sabía que tenía muchos contactos».

Sostiene el Ministerio Público que el sospechoso le dijo a la joven «que esto se lo tenía que comer ella, que él la iba a apoyar y que él tenía que salir, que él tenía muchos contactos».

De acuerdo a la versión del Ministerio Fiscal, el acusado habría ofrecido dinero a otros internos del centro penitenciario para que atemorizasen a la joven con la única finalidad de que esta admitiera que fue sólo ella quién mató a la mujer y a él le exculpase de cualquier participación en estos hechos .

La otra reclusa hasta este momento no ha modificado su declaración que como investigada prestó en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción 2 de León.

Los hechos relatados serían así, en caso de ser probados, constitutivos de un delito contra la administración de justicia. Procede imponer al acusado las penas de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, doce meses de multa con una cuota diaria de diez euros y la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que resulten impagadas. También solicita el Ministerio Fiscal que se impongan al acusado las costas causadas en este procedimiento.

A tal efecto, se cita a declarar como testigos a la otra acusada, a dos reclusos y una interna más. La defensa del sospechoso entiende que la acusación es falsa y niega que se hayan producido las amenazas que denuncia la acusada.