MEDIO AMBIENTE
La Junta autoriza 43 proyectos renovables en León frente a los ocho de Valladolid
En toda la Comunidad se han dado luz verde a 146 plantas, que suman 5.148 MW de potencia
La Junta de Castilla y León ha autorizado la declaración de impacto ambiental de 146 proyectos de energías renovables de menos de 50 megavatios (MW), límite de potencia hasta el cual es competente, y desestimado 32 por diversas causas, según fuentes de la administración autonómica.
La potencia total de los 146 autorizados suma 5.148 MW, con Palencia como la provincia con mayor número de instalaciones aprobadas (46/1.756 MW) por delante de León (43/1.493 MW), Zamora (27/939 MW) y, a mayor distancia, Soria (13/328 MW), Valladolid (8/391 MW), Burgos (3/125 MW), Salamanca (3/60 MW), Ávila (2/51 MW) y Segovia (1/5 MW).
Ha sido rechazada la declaración de impacto ambiental de treinta y dos solicitudes, entre otras razones, por tratarse de proyectos incompatibles con la conservación de valores naturales, patrimoniales, agrícolas, urbanos o de otro tipo, según las mismas fuentes.
Declaración negativa
La mayor parte de los rechazos han afectado a iniciativas procedentes de la provincia de León (21/883 MW), mientras que los once restantes se distribuyen entre las de Zamora (6/146 MW), Palencia (2/100 MW), Salamanca (2/23 MW) y Burgos (1/49 MW).
Además de esas 178 peticiones de declaración de impacto ambiental (146 admitidas y 32 desestimadas), otras tres que se habían presentado desistieron por parte de sus promotores sin dar lugar a su evaluación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Plazo límite
Menos esas tres últimas, el resto han sido analizadas antes del 25 de enero pasado, el plazo límite que, después de dos prórrogas, estableció el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a las comunidades autónomas para dictar los impactos a los proyectos de menos de 50MW, mientras que el Gobierno de españa ha emitido los 201 recibidos con una potencia superior a los 50MW.
Los proyectos autorizados por ambas administraciones deberán superare ahora el permiso de explotación definitiva durante un plazo máximo de cinco años desde que se obtuvo el derecho de acceso y conexión