Accidente de la Vasco. Más de nueve años y las mismas preguntas que intentar resolver entre un centenar de versiones

Nueve años y tres meses después de que una invasión masiva de metano en el taller donde trabajaban acabara fulminantemente con la vida de seis mineros en la Planta 7ª Este del macizo 7º del Pozo Emilio del Valle, del Grupo Tabliza de la Hullera Vasco Leonesa; y casi tres años después de que el juicio  oral se abriera y cerrara el mismo día, la vista se retoma este lunes en el Juzgado de lo Penal 2 de León. Tras un larguísimo proceso de instrucción, y además con un mayor número de testigos, peritos e informes sobre la mesa. 

En el accidente fallecieron  el picador José Antonio Blanco Barrio, de 43 años; el vigilante Juan Carlos Pérez Fernández, de 41 años; el picador Manuel Antonio Moure Fernández, de 40 años; el tubero Orlando González Fernández, de 44 años; el picador Roberto Álvarez García, de 36 años y el picador José Luis Arias Gutiérrez, de 45 años. 

El accidente se produjo a las 13.24 horas del 28 de octubre de 2013, por una invasión masiva de metano en el taller donde se encontraban los fallecidos. El grisú invadió las zonas este, oeste y transversal de la planta séptima, y además alcanzó el pozo y la culata de los ventiladores. Que al superar el 5% del nivel de metano detuvieron la ventilación secundaria en el taller. 

Sin oxígeno

Esta sucesión de hechos provocó que de manera casi inmediata el nivel de grisú superara el 95%, y el oxígeno cayó por debajo del 1%, lo que causó la muerte inmediata de los mineros. Ni siquiera tuvieron tiempo de colocarse los autorrescatadores, a pesar de que todas las víctimas eran mineros muy experimentados. 

Al rescate acudieron los compañeros que habían salido a comer el bocadillo, y que notaron «un bufido» que les alertó. Varios de ellos tuvieron que ser hospitalizados, porque sufrieron daños por privación de oxígeno. 

La sucesión de declaraciones deberá determinar si el accidente era imprevisible y fue inevitable; o si las señales de alerta que se habían manifestado sobre la peligrosidad de desarrollar el trabajo en la zona del siniestro eran suficientes, lo que implicaría que las muertes se consideraran homicidio por imprudencia grave. Así lo solicitan las acusaciones de cinco de los seis mineros fallecidos, y los heridos. 

Durante los 22 días previstos de vista oral (que culminarán con tres jornadas más de lectura de conclusiones definitivas e informes de las partes) declararán en total 99 personas: los 16 acusados, 34 testigos de las acusaciones, 19 testigos de las defensas, 8 peritos, 18 peritos de las defensas y otros 3 últimos. 

La mina y los trabajos

Se trata de aclarar las características de la mina y las causas que provocaron el accidente, y también en qué medida la seguridad que existía era suficiente en una explotación que estaba calificada de tercera categoría por su grisuosidad. Además, si se cumplían todas las normativas de seguridad, incluidas las propias disposiciones internas de refuerzo de la Vasco. 

Los numerosos informes periciales tendrán que valorar si el sistema de explotación del taller se ajustaba a las precauciones que requería una zona virgen (es decir, que no había sido explotada en su parte superior); en la que ya se había visto bóveda durante días y en la que a pesar de ello se siguió sutirando, lo que no era adecuado. 

Los peritos y testigos deberán explicar si los incrementos del nivel de metano que se produjeron de forma reiterada en la explotación, y los incidentes más graves de los meses anteriores al accidente, fueron suficiente para tomar medidas más restrictivas de la actividad, incluso el abandono de los trabajos.

Algunos de los informes presentados a la causa cuestionan también si el sistema de ventilación estaba correctamente ubicado, ya que las paradas automáticas programadas ante aumento excesivo de grisú (para evitar explosiones) agravaron la falta de oxígeno que acabó con la vida de los mineros. 

Todas estas cuestiones serán determinantes para decidir si los acusados son culpables de seis delitos de homicidio por imprudencia grave, como solicitan el fiscal y las acusaciones particulares; o si el accidente fue impredecible, como sostienen las defensas. 

Además el fiscal les imputa un delito de lesiones por imprudencia grave por enfermedad somática y psíquica, y otros siete delitos de lesiones. Pide para cada uno de los 16 acusados la pena de tres años y seis meses de cárcel por delitos contra los derechos de los trabajadores. Y reclama indemnizaciones que en conjunto suman más de dos millones de euros. 

Las acusaciones particulares elevan la solicitud de cárcel hasta más de seis años.

Las causas del accidente

Los distintos informes periciales presentados en el procedimiento plantean conclusiones distintas sobre las causas de esa masiva y repentina invasión de grisú. El realizado por el Servicio de Minas de la Junta sostiene que el desprendimiento de metano se produjo por una rotura de la bóveda, lo que desencadenó una sucesión de caídas y grietas en las capas superiores, que liberaron más gas. 

Al no haber espacio por el que éste pudiera liberarse hacia zonas superiores, invadió desde el postaller tanto el taller como la galería, hasta llegar al pozo. La autoridad minera defiende que la normativa de seguridad de la empresa estaba en orden, y no se había aportado ningún dato relevante que evidenciase anormalidades que pudieran haber adelantado lo que iba a ocurrir.

 Por su parte el perito del Juzgado de Instrucción Número 4 de León, al que se encargó un informe propio, considera que no se produjo un hundimiento de la bóveda, sino un «súbito fenómeno gaseodinámico que causó una invasión masiva de metano en el taller». Considera que este fenómeno era previsible, porque se habían producido ya numerosos incidentes y había suficientes indicios de riesgo. 

Este experto señala en su informe que la empresa no tomó las medidas suficientes para hacer frente a estos indicios; y que había sistemas, por ejemplo el de ventilación, que eran «manifiestamente mejorables» y estaban mal ubicados. 

Además el perito del juzgado censura la deficiente estructura organizativa de la seguridad de la empresa, que impidió ejercer con eficiencia las funciones de prevención. 

Las acusaciones

Una parte de las acusaciones presentó un informe pericial que sí asume que el origen del accidente fue la caída de la bóveda, y coincide también con la tesis de que el deficiente sistema de ventilación y del diseño del organigrama de categorías de responsables de seguridad tuvieron un papel decisivo en las consecuencias del accidente. 

Señala además que en la planta se desarrollaban labores que no estaban incluidas en el proyecto de explotación del Pozo Emilio del Valle, a pesar de que ese plan de labores se autorizaba anualmente por la autoridad minera.

Los informes coinciden en general en que los valores de metano que se registraron en la explotación siniestrada fueron en general altos desde el inicio de los trabajos en el nuevo taller, a finales de septiembre de 2013. Y que desde el 12 de octubre (16 días antes del accidente) hubo nueve jornadas en las que los límites se sobrepasaron en más de la mitad de la jornada; y además pusieron en evidencia los problemas de ventilación. 

Aunque los trabajos cumplieron con la normativa de seguridad establecida, esta no fue suficiente para evitar el siniestro. Y tampoco se prestó atención suficiente a las señales de bóveda que aparecieron los días antes, ni se suspendió la producción por sutiraje.

Desde junio de 2009 se habían producido incidentes graves, que aunque no produjeron víctimas, sí provocaron que el macizo 7º entre las plantas 740 y 865 se declarara sospechoso de desprendimientos instantáneos de grisú. 

En cuanto a las defensas de los acusados, han presentado toda una batería de informes (que se han incrementado en el tiempo transcurrido desde la suspensión de la anterior vista oral) en el que se analizan técnicamente las condiciones de explotación del pozo, el macizo y el taller en el que se produjo el accidente, así como sobre los sistemas de ventilación y cuestiones topográficas relativas al buzamiento de la capa que estaba explotándose.

Aportan también informes como el realizado por el Laboratorio Oficial Madariaga, o Aitemin; además de un estudio de Auditores del Noroeste sobre el organigrama y sistema de seguridad de la empresa.

Están imputados todos los cargos de la empresa que tenían alguna responsabilidad sobre la organización de la seguridad en la explotación. Quedan por delante dos meses de declaraciones e informes para intentar determinar qué ocurrió, y de quién fue responsabilidad, en el caso de que se acepte que hubo errores en las decisiones.

La historia de la mina que ya no es

El Pozo Emilio del Valle (en la foto, el día del accidente el 28 de octubre de 2013), como el resto de enorme estructura minera que fue la Hullera Vasco Leonesa, es ya escombro y olvido.

El esqueleto de la industria minera se ha ido diluyendo entre las políticas de acoso al carbón y los argumentos de descarbonización. Y la desidia. Además, un interminable proceso de liquidación empresarial que evaporó 465 millones de euros que se invirtieron en la Nueva Mina, entre otros millones de euros en los activos que sumaron 123 años de historia empresarial. Y la vida de toda una cuenca.