Los acusados y sus atribuciones
- Antonio del Valle Alonso, presidente y consejero delegado de la HVL; Arturo del Valle Alonso, vicepresidente y consejero delegado; Aurelio del Valle Jover, vocal de la empresa. Los tres eran miembros del consejo de administración y los dos primeros, según el fiscal, los máximos responsables en materia de seguridad. «Habían omitido actualizar las importantes modificaciones que se habían producido en la organización de la empresa desde la aprobación de la DIS en 1988», lo que determinó que no existiera una clara atribución de funciones.
- Mario Calvo Herce era director general de la empresa, que «debía vigilar el desarrollo de la explotación y de la seguridad y estaba informado de las incidencias».
- José Eliseo Solís Álvarez, ingeniero de Minas y director facultativo del Grupo Tabliza, supervisaba «todos los aspectos relacionados con la seguridad y la dirección de la explotación».
- David Toribio Fernández era el ingeniero técnico jefe del Grupo Tabliza y tenía que dar cuenta diaria de cómo transcurrían los trabajos, en especial de las anomalías observadas.
- Javier Martínez Rico, subjefe del Grupo Tabliza del primer relevo, ingeniero técnico de Minas; de él dependían los vigilantes del relevo, con los que analizaba los trabajos y los incidentes.
- Jairo Gómez Bartolomé, ingeniero técnico de Minas, era subjefe del grupo en el segundo relevo.
- Carlos Conejo Lombas, vigilante primera interior del primer relevo; José Ramón González Fernández, vigilante primera interior de segundo y tercer relevo; Óscar Luis Dopazo Suárez, vigilante primera de interior de segundo y tercer relevo. Los tres tenían encomendado inspeccionar la mina y observar si existía desprendimiento de gases nocivos o peligrosos.
- José Marcos Ulecia Román, ingeniero de Minas, era jefe del Departamento de Seguridad Minera, del Servicio de Prevención de Riesgos y de Ventilación y Control Ambiental.
- José Carlos García Jarrín, ingeniero técnico, era jefe de Seguridad Minera del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de la Brigada de Salvamento.
- Andrés Rodíguez Cuesta y Alberto Rivero Fernández eran vigilantes de seguridad y su función era la inspección diaria de los trabajos del grupo al que eran asignados. Y debían ejercer vigilancia adicional en los lugares de mayor peligro.
- Para Alberto Fernández Díez, delegado minero de seguridad, el fiscal solicitó el sobreseimiento porque «no resulta debidamente justificada» su participación en la tarea del accidente.