“No más jaimitadas”. Una pancarta de los vecinos señalaba ante la Guardia Civil al presunto autor del incendio de La Cabrera

El acusado , que ayer tomó declaración, no ha reconocido los hechos por el que se le juzgan y niega que esa tarde prendiera fuego en la zona de Reguera del Palacio, donde se  inició el incendio , en la tarde del 17 de agosto. A preguntas del ministerio fiscal, este vecino de Losadilla ha declarado que fue cuando regresó a casa, después de pasar la tarde con unos amigos en la zona conocida como la poza, cuando vieron humo en el monte, aunque no avisaron a nadie, ya que creyeron que alguien podría estar haciendo una barbacoa y no le dieron importancia.Incluso aportó a la Guardia Civil unas fotografías que se tomó con sus vecinos a eso de las 20.00 horas, poco antes de que se iniciar el fuego.

En su declaración explicó que no fue hasta el día siguiente cuando se dieron cuenta de la  magnitud del incendio , momento en el que colaboró en las labores de extinción, como el resto de los vecinos, hasta que fueron evacuados.

Según explicó la fiscal, en las protestas llevadas a cabo tiempo después del incendio uno de los vecinos portaba una pancarta en la que edición podía leer «no más jaimitadas», en clara alusión al acusado, que es la única persona que se llama Jaime del pueblo. El sospechoso desconoce el motivo de esa acusación y alega que no tiene problemas con nadie. El acusado, que es cazador y socio de dos cotos de caza de la zona, reconoció a la fiscal que años antes había sido ya investigado por un incendio provocado en uno de esos cotos. La fiscal le preguntó si tenía algún problema o enemistad con alguien en pueblo, por la carta que alguien envió anónimamente a la Guarda Civil en la que le acusaban a él de prender el monte, algo que alegó que desconocía.

El incendio calcinó un total de 9.800 hectáreas, dos mil de ellas de espacio protegido, lo que le convirtió en el más grave de aquel año en España y uno de los peores de la historia de la provincia.

Afectó a doce pueblos, algunos de ellos incluso se han presentado como acusación particular y obligó al desalojo de 106 personas ante el riesgo que suponían las llamas.

Además generó unas pérdidas y unos gastos de extinción que superan los 10,4 millones de euros, además de unos daños medioambientales difícilmente subsanables.