La Brigada de Salvamento no hubiera llegado a tiempo en ningún caso para las víctimas

La Brigada de Salvamento de la Hullera Vasco Leonesa tenía sus equipos en el grupo Santa Lucía, y sus miembros trabajaban en distintas labores. Su obligación era estar localizables y disponibles en cualquier momento. Durante el interrogatorio a los últimos acusados por el accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle han sido interrogados sobre si esta disposición del equipo era suficiente, o si de haber estado disponibles más cerca del accidente podían haber salvado la vida de las víctimas.

Incluso si hubieran estado en la boca del pozo siniestrado, hubieran tardado más de cinco minutos en llegar hasta el taller donde se produjo la invasión de grisú, por lo que ante un fenómeno como el registrado aquel día el equipo especializado no hubiera llegado a tiempo de rescatarles con vida en ningún caso. Así lo explicó ayer José Carlos García Jarrín, ingeniero técnico que era desde unos meses antes jefe de la Sección de Seguridad Minera y Prevención de Riesgos Laborales, y además era jefe de la Brigada de Salvamento.

Un grupo que, según reconocieron todos los declarantes, estaba formado por los mineros más preparados, y además realizaban continuamente ejercicios de entrenamiento. García Jarrín insistió en que la mejor medida de seguridad y preventiva que pueden tener los trabajadores en una mina de categoría 3 es llevar el autorrescatador. «No hay otra herramienta contra el grisú». Descartó que pudieran colocarse respiradores como los del equipo de rescate en lugares estratégicos dentro de la mina. «Son equipos personales e intransferibles, hay que saber utilizarlos y no se puede trabajar con ellos. Nosotros tardamos unos 10 minutos en colocárnoslo cuando es necesario, y luego hay que ponerlo en marcha».

El responsable de seguridad reiteró que los planes de emergencia establecidos y aprobados cada año por la autoridad minera eran adecuados para la mina, y los autorrescatadores eran la propuesta correcta, aunque «hay que tener cuenta que hablamos de una situación límite».

Sobre si cree que a las víctimas no les dio tiempo a colocarse los autorrescatadores, y por eso no pudieron escapar del lugar donde se produjo la invasión de grisú, señaló que «eso sólo se sabe si has estado allí y has tenido que ponértelo».

Estos equipos de protección personal se colocan en segundos, el día del accidente se utilizaron unos 60 y ninguno falló. Todos los mineros eran formados tanto teórica como prácticamente para utilizarlos.

García Jarrín se emocionó durante su declaración al relatar cómo ocurrieron los hechos aquel mediodía de 2013. «Me llamó el director facultativo y contacté con los miembros de la brigada, fuimos a Santa Lucía a recoger los equipos y llegamos al Pozo Emilio. Solicitamos jaula. Estaban sacando a los primeros heridos. Cuando llegamos a la planta 7ª ya los habían sacado, revisamos toda la zona para comprobar que no había quedado nadie. Una hora después seguía habiendo un 1% de oxígeno. Nuestra preocupación era saber dónde estaba la locomotora, porque va con batería y podía haber peligro de explosión. El oxígeno era mínimo también en la planta 6ª. Subimos y ya vimos lo que pasaba». Ahí se quebró el ingeniero.

Que explicó también a la magistrada que «daba igual que la ventilación hubiera estado funcionando, todo se habría llenado de metano igual, porque siguió saliendo con fuerza desde el fondo del taller durante tres días. Eso no hay quien lo limpie. Además, con ventilación podía llegar a otras zonas con máquinas trabajando. Si eso revienta sale el castillete por el aire».

Otras versiones

Ayer prestaron declaración también los vigilantes de seguridad, Andrés Rodríguez Cuesta (que en los días del accidente estaba de vacaciones) y Alberto Rivero Fernández. Ambos eran los encargados de inspeccionar todas las zonas, especialmente las de mayor peligro. Para eso contaban con el apoyo del resto de los vigilantes. No había especial atención en el taller siniestrado porque nadie comunicó nunca ninguna incidencia ni nada que no fuera normal.

Tampoco al delegado minero, Alberto Fernández Díez, a quien el fiscal solicitó sobreseimiento al no considerar que estuviera implicado en los hechos. Miembro también de la Brigada de Salvamento, como dos de los mineros fallecidos, tenía relación personal con ellos también fuera de la mina, y nunca le comentaron que hubiera peligro especial en esa explotación. «En este sector éramos suficientemente reivindicativos, nadie se callaba nada. Se hicieron duras huelgas para reivindicar derechos en todos los ámbitos. Más en seguridad».