La oposición exige a Mario Rivas que la decisión sobre el Parador se tome tras las elecciones

Los grupos políticos de Izquierda Unida y Podemos en Laciana han instado al alcalde de Villablino, Mario Rivas, a que  «si no tiene nada que ocultar», posponga cualquier decisión relacionada con el proyecto del Parador de Villablino hasta después de las elecciones municipales, para las que apenas quedan tres meses, según explican en una nota.

Estas dos formaciones acusan al regidor lacianiego de «no defender los intereses de Laciana, mentir y ocultar información», destacando que «Laciana no se merece este bochorno». 

Además, en el escrito explican que la existencia de informes de valoración y documentación oficial que se están ocultando a la ciudadanía, «nos obligan a tomar medidas en defensa del prestigio y el buen nombre de nuestra comarca», a la vez que recuerdan que no van a aceptar «más tomaduras de pelo ni la limosna que Turespaña ofrece al Ayuntamiento por burlarse durante 18 años de la comarca e incumplir los compromisos pactados».

Estas declaraciones se producen despues de la publicación en este medio de que Mario Rivas ocultó al Pleno durante un año el informe de valoración de Turespaña en el que el organismo estimaba en 544.408 euros el valor de las edificaciones demolidas en la parcela para construir el Parador de Turismo de Laciana. La valoración del informe está fechada el 15 de junio de 2021 y sin embargo tuvo que pasar un año para que, en la sesión plenaria del 6 de junio de 2022, Rivas comunicara la oferta a la corporación municipal. 

Hace tan sólo unos días, Izquierda Unida y Podemos acusaban al alcalde de Villablino, Mario Rivas, de incumplir la Normativa de Régimen Local, al no aportar la documentación e información sobre el proyecto del Parador que desde IU solicitaron el pasado día 6 de febrero.

Concretamente solicitan el expediente acreditativo de la oferta formal de Turespaña y toda la información sobre las negociaciones mantenidas, así como el coste que supuso el derribo de los edificios y la administración que pagó el citado derribo. Además qué técnicos valoraron el precio de la indemnización, así como los daños morales, y sobre la licitación y proceso de la consulta popular.

Una petición que no fue atendida por parte del regidor en los cinco días naturales siguientes a aquel en que se hubiese presentado para ser resuelta, tal y como marca la normativa de Régimen Local. Por ello, estas fuerzas políticas no dudan en acudir al Procurador del Común para que inste al Ayuntamiento a que facilite esa información .