Mario Rivas arrincona la reversión a Villablino del Camino Real, cortado por MSP en la dictadura

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, lleva más de siete años ignorando el acuerdo plenario de 2015 en virtud del cual el ayuntamiento aprobó exigir a la liquidadora de la minera CMC la reversión del Camino Real al pueblo. La decisión, que se tomó por unanimidad de todos los grupos políticos, se basaba en la petición de los vecinos de recuperar el tramo de vía al tránsito público, que había sido cercado por la entonces Minero Siderúrgica de Ponferrada en el enclave conocido antiguamente como La Cruz, en el límite entre Villablino y San Miguel, zona que hoy continúa cerrada entre las calles Pandietsa y Muxivén. 

Fue en 1959 cuando la empresa minera, y a pesar de las quejas vecinales, el régimen permitió a MSP construir sus casas para ingenieros para lo que cortó el camino con la construcción de muros y la colocación de cierres, que se mantienen en la actualidad.

La decisión marginó la utilización del paso al conformar fondos de saco a uno y otro lado de la parcela en una apropiación a todas luces irregular. Ya por entonces, y a pesar de la dictadura, los vecinos de San Miguel y Villablino solicitaron al Ayuntamiento la recuperación del dominio público y el restablecimiento de su tráfico sin que dichas peticiones fueran atendidas en modo alguno. Por entonces pesaban más los intereses de una empresa en cuyo consejo de administración se sentaba la aristocracia del dinero y la nobleza españolas que el interés público. Sin embargo, con la democracia nada cambió y los usos de la sociedad minera no cambiaron como tampoco la defensa de los derechos del común.

Sesenta y tres años de ocupación

La ocupación se prolongó hasta que con la liquidación de la heredera de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, Coto Minero Cantábrico, los vecinos reivindicaron la devolución. El 2 de mayo de 2018, el pleno municipal daba carta blanca a una investigación de la propiedad del terreno con el objetivo de determinar su posible carácter demanial. Asimismo, y previo a la apertura del expediente, se aprobó poner en marcha un estudio previo sobre la procedencia del ejercicio de la acción investigadora, recabando los datos, documentos e informes necesarios para ello.

Es más, en diciembre de 2015, el Ayuntamiento envió a Francisco Javier Durán, administrador concursal de CMC, una carta firmada por el propio alcalde en la que se le remitía el expediente del acuerdo votado en el pleno y se le pedía la información acreditativa de los títulos en virtud de los cuales se llevó a cabo la ocupación así como la reversión a su legítimo titular. 

CMC intentó vender

Sin embargo, dos años después, un documento revela que CMC intentaba vender la propiedad a través de la tramitación de un expediente de dominio tramitado en la Notaría de Villablino. Desde entonces el Ayuntamiento presidido por el socialista Mario Rivas no ha movido un papel para que el Camino Real vuelva a su propietario, los vecinos de Villablino, y este tramo del pueblo sigue vetado a los ciudadanos. Y todo eso a pesar de que la liquidación de Coto Minero Cantábrico ha finalizado. 

El olvido del alcalde respecto a este terreno vecinal llama la atención sobre todo por las palabras que él mismo utilizó el 26 de noviembre de 2015, cuando aseguró que se trataba de un bien público que había sido «usurpado» a todos los vecinos de Villablino.

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, cuyos dictámenes son ejecutivos, ha dado numerosos ultimátums a Mario Rivas , para que envíe al concejal de Laciana Avanza en el anterior mandato municipal toda la documentación de la liquidación de CMC que solicitó hace cuatro años y que el ayuntamiento ha mantenido oculta durante todo ese tiempo al conocimiento público.

Entre los datos solicitados están la venta del lavadero de Carbón de Villablino, documentos del Grupo Minero Carrasconte, Braña de San Miguel, Estación de Ferrocarril de Villablino, Nave de Talleres, instalaciones de Las Rozas y la acumulación de grandes cantidades de carbón en alguna de ellas. Fue precisamente en la liquidación de CMC cuando Mario Rivas adquirió las fincas 298, 301 y 306 , todas ellas en San Miguel, si bien no lo hizo directamente sino, y siempre presuntamente, a través de personas interpuestas, según confirmaron a Diario de León fuentes próximas al regidor, circunstancia que podría explicar por qué el alcalde nunca ha querido mostrar públicamente los títulos de propiedad.

Estas tres parcelas forman parte, entre otras, del convenio firmado por la Comisión Vecinal de San Miguel que fue delegada por el entonces alcalde del PSOE, Pedro Fernández, el 18 de mayo de 1995. En este acuerdo, que según fuentes jurídicas consultadas tiene toda la validez legal, la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), a través de su director delegado, Luis Tejuca, se comprometió a «donar a la Comunidad de Vecinos citada las fincas adquiridas como consecuencia de este convenio o que pueda adquirir la MSP a particulares o personas jurídicas y ubicadas en el término de San Miguel en un plazo de seis meses a partir de la finalización de la explotación (del Feixolín)».

Es el caso de las tres fincas que Rivas tiene a su nombre en el Catastro, que la MSP a través del vecino de Laciana José Fernández Castro, adquirió entre los años 1995 y 1996 a los siguientes vecinos: Celia Otero, Florentina Barrero y Aurelio Arias García. Pese a que el alcalde figura como titular de dichos terrenos en el Catastro, no ocurre así en el Registro de la Propiedad, donde están a nombre de Herederos de Domingo Rubio (306), Coto Minero Cantábrico (298) y Fermín Álvarez Rubio (301).