Bronco interrogatorio al perito de la acusación, que apunta a la escala de seguridad y a Minas

Bronca jornada la vivida ayer en el Juzgado de lo Penal 2 de León en la primera sesión de testimonio de los peritos en la vista oral por el accidente que costó la vida a seis mineros el 28 de octubre de 2013 en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa.

Compareció primero el actuario de Minas en aquellos años, Juan José Vidal Lombas, que defendió la vigencia del proyecto de explotación del grupo Tabliza e insistió en su desacuerdo con el trabajo elaborado por el servicio de Minas de León, que considera que dirigió intencionadamente las conclusiones de su informe.

Y después el ingeniero que realizó el informe técnico sobre las causas del accidente presentado por las acusaciones, Miguel Ángel González. Que fue ingeniero en la Vasco aunque se prejubiló en el año 2000, y cuya solvencia profesional fue cuestionada por las defensas, en un tenso interrogatorio que tuvo que ser interrumpido varias veces por la jueza.

Dos largas comparecencias que aplazan para el próximo lunes las declaraciones de otros tres ingenieros que realizaron el informe de Minas, que se sumarán a las del cuarto técnico; además de los testimonios de dos peritos forenses.

Vidal Lombas, actual jefe del Servicio de Minas de Ponferrada, estaba encargado en la fecha del accidente de la inspección, vigilancia y control de las labores mineras de distintas empresas. Defiende que el proyecto de explotación con el que se trabajaba en el Pozo Emilio, aprobado en 1999 y sobre el que se validaban anualmente los planes de labores, contemplaba la explotación por debajo de la cota 860, con los anexos que aportaba la auditora Aitemin sobre la ventilación. «Se trataba de un proyecto repetitivo, el proyecto ponía como ejemplo la forma de explotación de la capa 975 sobre la 860, pero los planes de ventilación contemplaban hasta la 615, por debajo de la 740 en la que se produjo el accidente, e incluso hasta la 490». Aunque en ese límite el ingeniero considera que habría que haber vigilado la presión y la temperatura.

Insistió en que todos los técnicos de la autoridad minera y los anteriores actuarios sabían lo que se estaba explotando en Tabliza, y que las Disposiciones Internas de Seguridad (DIS) que prescribió Minas tras varios incidentes con el metano y la vigilancia de un año sobre los desprendimientos instantáneos en 2009 «se cumpliría, aunque yo no estaba allí todo el día. La seguridad era cosa de la empresa». Respecto al accidente explica que en 2013 visitó la mina de la Vasco 13 veces, dos de ellas el Pozo Emilio, aunque no el macizo 7º a pesar de ser una mina de tercera categoría. Formó parte del equipo de cinco ingenieros que investigaron el accidente, aunque defiende que «lo único que sabemos es que salió gas de forma súbita y en gran cantidad, pero nunca vamos a saber lo que pasó allí dentro». Y rechaza la tesis de la caída de bóveda que concluyó la autoridad minera.

Previsible y evitable

Larga y dura fue la declaración de Miguel Ángel González García, que trabajó en la Mina para pagarse sus estudios de ingeniería y elaboró el informe que han presentado como prueba pericial las acusaciones. Insistió en que las prescripciones existían, pero «eso no quiere decir que se cumplieran, y eso no se vigiló»; y ratificó que en su opinión el accidente era «previsible y evitable». Apuntó a la estructura de seguridad de la empresa minera, que considera obsoleta porque se creó a finales de los 80, aunque declaró a preguntas de la jueza que no sabe si se modificó después.

Su informe defiende que el proyecto de explotación no amparaba las labores que se realizaban por debajo de la planta 840 porque se había cambiado el método de explotación y se dejaba un macizo de seguridad entre plantas, «aunque era para recuperar el carbón». Tachó de «negligencia gravísima» que se dejara crecer la bóveda, aunque reconoció que él nunca entró en la planta y sus conclusiones se basan en las conversaciones que mantuvo con trabajadores.

Criticó especialmente al actuario de minas, a un comité de seguridad que calificó de «burocrático», a los vigilantes y a los ingenieros de la empresa. Con los que reconoció que no había hablado para realizar su informe, el único que ha hecho en su vida, a pesar de que desde el año 2000 no ha tenido actividad alguna relacionada con la investigación o la mina. «Es el fruto de la experiencia, la técnica sin eso no vale nada».

También señaló que había informes de vigilantes, leyes y disposiciones técnicas que no había tenido en cuenta porque «si no se cumplen no valen para nada»; y defendió que «las leyes no lo regulan todo, y mejor así, tienen que dejar alguna libertad». Todo lo que se establezca, señaló, «depende después de lo que se haga en la práctica».