El fiscal ratifica la petición de cárcel para 10 directivos y técnicos y la retira para 5 vigilantes
Considera que el accidente no fue imprevisible y que la empresa no hizo todo lo posible para proteger a sus trabajadores
Pedro Riesgo, durante su declaración ayer. DL
La invasión de grisú que el 28 de octubre de 2013 causó la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle y lesiones a otros 9 (al admitirse la reclamación de un trabajador más) «no fue imprevisible ni inevitable», sino consecuencia de una falta de actuación adecuada de la dirección y los técnicos de la Hullera Vasco Leonesa, que pese a los indicios que advertían de la peligrosidad de la explotación no tomaron las medidas adecuadas para proteger la seguridad de sus trabajadores. Así lo recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones, que basa sobre todo en los informes periciales encargados por el Juzgado de Instrucción 4 de León y del Servicio Territorial de Minas.
El fiscal señaló ayer que conocer la causa de la invasión de metano, si fue un desprendimiento instantáneo o un derrabe gaseado o caída de bóveda, no impide señalar que no se actuó ante un peligro conocido. Ya que existían señales claras de alarma: la bóveda no hundía, los niveles de metano eran altos, las salidas de los trabajadores frecuentes y los problemas eléctricos recurrentes. «Se podía haber hecho algo más». Pero «se primaba la producción sobre la seguridad».
El fiscal mantiene así las peticiones de prisión para Antonio del Valle Alonso, Arturo del Valle Alonso, Aurelio del Valle Jover, Mario Calvo Herce, José Eliseo Solís Álvarez, David Toribio Fernández, Javier Martínez Rico, Jairo Gómez Bartolomé, José Marcos Ulecia Román y José Carlos García Jarrín.
En cambio retira las acusaciones contra los vigilantes Carlos Conejo Lombas, Andrés Rodríguez Cuesta, Alberto Rivero Fernández y José Ramón González Fernández. Para Alberto Fernández Díez ya había pedido el sobreseimiento. De todos ellos considera que no queda probado que tuvieran relación alguna con la causa del accidente.
El fiscal considera que «del conjunto de las extensas pruebas practicadas en el juicio oral» resulta «debidamente acreditado que el accidente no fue fortuito ni imprevisible o inevitable, sino que podía haberse evitado y así debió haber sido». Y concluye que fue causado por «actuaciones de la empresa y los acusados incumpliendo las normas de seguridad minera y la legislación del trabajo, que les obligaba a garantizar la seguridad de los trabajadores».
Señala que es la empresa la que está obligada a «poner todos los medios para la seguridad». Y que es «una prueba fundamental saber la causa de esta invasión inmediata, intempestiva y de gran magnitud», lo que no impide tener en cuenta que «el metano es un riesgo suficientemente conocido en la minería, y hay normas para evitar sus consecuencias».
Medidas que no adoptó ni la dirección de la empresa ni sus técnicos, «hubo incumplimientos que provocaron que los trabajadores estuvieran en el taller y en la galería de la 7ª Este en el momento en el que se produjo el desprendimiento».
Las pruebas testificales presentadas por las defensas «no han resultado concluyentes», pero sí las de la autoridad minera y el perito judicial de que existían claras señales de alarma, preocupación y temor en los trabajadores. Porque «aquello no acababa de hundir, había metano muy alto y la mayor parte de los días tenían que abandonar el taller; y había paradas eléctricas».
El informe de Minas concluye el desprendimiento de bóveda, pero no se ha podido acceder al postaller, que es donde podría comprobarse.Los técnicos y dirección de la empresa no llevaron el taller de forma correcta, por eso al final del informe de la autoridad minera proponía medidas adicionales, lo que implica que se podía hacer algo más.
El fiscal destacó también el informe del perito judicial, con conclusiones «claras y contundentes» sobre la causa del accidente. Señaló un mal funcionamiento de la empresa que provocó que cuando comenzó a explotarse el taller a mediados de octubre el error topográfico condicionase todo lo demás. «No sabían dónde estaban, y si lo hubieran sabido habrían actuado de otra manera».
También consideró que «si no se sabe cuándo se va a producir el fenómeno gasodinámico, seguir en el taller avanzando implica que puede producirse». Y citó al perito judicial al defender que debía haberse parado para analizar qué pasaba, porque se veía que había errores. Y eso llevó a tomar decisiones equivocadas.
El fiscal criticó los informes periciales presentados por las defensas, al señalar que estaban realizados o bien con los datos proporcionados por la empresa o por sociedades y catedráticos que tenían relación económica con la compañía minera, lo que les pone en duda.