El juicio de la Vasco, visto para sentencia tras dos meses sin acuerdo sobre las causas

Casi un centenar de declarantes que han sido interrogados por una veintena de abogados, más el fiscal y la magistrada del Juzgado de lo Penal 2 de León. Dos meses con 25 larguísimas y agotadoras jornadas que han conseguido llegar a su fin, casi milagrosamente, en el plazo previsto. Y la complejidad de un caso que quedó ayer visto para sentencia. Que trata de determinar no tanto qué ocurrió, por la disparidad de las interpretaciones de los especialistas técnicos, sino si hay responsabilidad penal en el accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis mineros en el taller del macizo 7º Este del Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa. Y lesiones irreversibles a otros nueve trabajadores (durante la vista oral se ha incluido a uno más de una subcontrata) que acudieron a un rescate que estaba fuera de toda orden de directrices de seguridad y también dentro de toda lógica de auxilio urgente a los compañeros.

Jornadas que de la mano de acusaciones y defensas se han enredado en una maraña de cuestiones técnicas de las labores mineras difícilmente aprehensibles para personas ajenas a la minería, lo que ha permitido también que en no pocos momentos de la vista oral los técnicos de uno y otro lado jugaran al ratón y al gato con letrados y fiscal, volviendo más incomprensibles aún la jerga, los términos y las labores y recovecos geológicos que implica la explotación de un taller de carbón.

Tras las largas horas de declaraciones, peritajes y conclusiones si hay algo que queda claro es que no existe una interpretación certera sobre qué ocurrió alrededor de las 13.30 de aquel 28 de octubre, cuando el taller de la 7ªE soltó «un bufido» de grisú que hizo que seis mineros muy experimentados, entre ellos un vigilante y dos miembros de la Brigada de Salvamento, buscaran salir del taller sin tiempo para hacer uso de sus autorrescatadores. Murieron porque desapareció el oxígeno. Poco más se ha podido aclarar sobre si ante una invasión tan brutal de metano (unos 19.000 metros cúbicos que la mina escupió durante horas con fuerza) hubiera sido eficaz cualquier medida que se hubiera adoptado.

El caso es que no hay conclusión consensuada sobre qué fue lo que produjo el accidente, ni sobre cómo podría haberse evitado. Las declaraciones han repasado hasta la saciedad los incidentes registrados con el metano desde 2009 en una mina de categoría 3 (muy grisuosa), analizado las medidas excepcionales que se impusieron de vigilancia como sospechosa de desprendimientos instantáneos de gas, las alertas continuas que acabaron normalizándose como forma de trabajo en el macizo 7º de Tabliza,...

Los debates técnicos han sido interminables y exhaustivos durante las declaraciones. Si existía bóveda, dónde estaba, cuánto medía y cuánto debía tardar en caer; todas las teorías e investigaciones sobre los desprendimientos instantáneos de metano, las medidas que se tomaban para controlar la desorción de gas de la capa de carbón, los picos frecuentes de grisú que llegaban al peligro explosivo, las medidas que marcaron los metanómetros fijos ubicados en la cabeza de páncer y otros lugares de la galería y los valores que registraron los metanómetros portátiles que portaban los vigilantes y avisaban con luz y sonido; las condiciones y conocimiento sobre la utilización de los autorrescatadores; las disposiciones internas de seguridad sobre distintos aspectos, en particular en explotaciones en virgen sin minados superiores; las instrucciones técnicas de seguridad en vigor; los planes de labores y la vigencia del proyecto tipo; los errores en los planos topográficos y su incidencia en la realidad de la explotación de la capa de carbón; la colocación y capacidad de los electroventiladores; los cortes en la corriente provocados bien por aumentos del nivel de grisú (que impedían así el riesgo de explosión) o desde fuera de la mina; los planes de emergencia y la dotación de equipos de protección frente a causas de todo tipo,...

Las declaraciones de acusados, testigos y peritos han evidenciado por encima de todo que no está claro qué o cómo se produjo la nada habitual invasión de grisú, más allá de interpretaciones que, obviamente, han estado marcadas por el sesgo de cuál de las partes las presentaba. Quedó constancia de que la Hullera Vasco Leonesa cumplía todas las exigencias legales en normativa de seguridad que tenía exigidas, y que las preceptivas auditorías periódicas, la autoridad minera y los informes realizados después del accidente así lo atestiguan. Otra cosa es que, como argumentan las acusaciones, todo ello fue claramente insuficiente para evitar el accidente, y existían indicios suficientes de que éste podía producirse.

Valorar si las medidas que se tomaron fueron suficientes, más allá de que cumplieran la legalidad, es el objeto del juicio, en el que fuera de los testimonios de los mineros no se ha podido demostrar que los trabajadores trasladaran a ninguno de los órganos de representación y seguridad de los que disponían sus preocupaciones por la marcha del taller, el hecho de que no acabara de caer la bóveda y los valores de metano fueran especialmente altos.

La vista oral ha puesto también el punto de mira en el organigrama de seguridad de la empresa, si era claro y se cumplían las funciones; con especial atención al despido de dos ingenieros en abril de 2013 por negarse a colocar dos metanómetros en un lugar especialmente peligroso del Flanco Sur, otra explotación de la Vasco a unos 30 kilómetros del Pozo Emilio. Para las defensas la cadena de mando de seguridad es clara y eficiente, para las acusaciones confusa.

Los debates se han centrado también durante horas en el error topográfico que se detectó el día 15 de octubre, pocas jornadas antes del accidente. Las defensas (y el responsable del servicio en la empresa) defienden que los planos no influían en el avance de las galerías, que seguía sin duda la capa de carbón; para el perito judicial el buzamiento (una S que hacía la capa) no fue reflejado en los mapas y eso hizo que todos los trabajos en el taller fueran equivocados porque «no sabían dónde estaban».

En resumen, todas las partes coinciden en que la virulencia del escape de grisú no podía preverse, pero mientras las acusaciones argumentan que las señales de peligro eran tan evidentes que había que haber parado el taller, las defensas indican que todo estaba normal, nadie denunció lo contrario, y la invasión de gas fue de todo punto impredecible.

Un complejísimo caso que ahora queda en manos de la jueza, y que de todas formas no acabará con su sentencia. Los recursos serán inevitables, y prolongarán aún más un caso que se originó con uno de los más graves accidentes de la minería leonesa en los últimos años, que en octubre cumple una década. Más largo se hace aún porque sucedió en el ocaso de la actividad del carbón en la provincia, y con las empresas, también la Vasco, abocadas a la liquidación y desaparición.

Han sido diez años agotadores para las familias, pero también, según incidieron ayer las defensas, para los acusados, que han «sido ya juzgados» y han sufrido el escarnio en las localidades en las que conviven con las víctimas.

Ayer se cerró el capítulo más duro de un caso que está lejos de concluir. De momento las víctimas han cobrado también la parte de la indemnización que reclamaba el fiscal, de parte de Mapfre. Pero hay más que reclamar. Llega un descanso relativo. A quienes lloran a los 6 de Tabliza les queda aún mucho camino por recorrer.