Los ganaderos tienen un mes para reclamar daños del lobo desde 2021

Los ganaderos de Castilla y León cuyas cabañas han sufrido ataques del lobo en explotaciones ubicadas al norte del Duero desde el 21 de septiembre de 2021, fecha en la que el Ministerio prohibió la caza de ese animal en todo el país, hasta la actualidad tienen un mes de plazo para tramitar su solicitud de ayuda, aunque su cuantía será inferior a la establecida a partir de hoy con los baremos de la nueva orden, que duplican el importe.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer la orden que regulará a partir de mañana las ayudas a los ganaderos que sufran los ataques del lobo y que incorpora como novedad, tras la inclusión del lobo en la Lista de Especies de Protección Especial y la consiguiente prohibición de su caza en todo el país, que no solo hay ayudas para los ganaderos al sur del Duero sino también los ubicados al norte.

Con un incremento de ataques a nivel autonómico del 20 por ciento en el último año, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, la estimación es que la cuantía de las ayudas para este fin se duplicará en 2023 hasta alcanzar los cinco millones, pero son únicamente estimaciones, y habrá que contabilizar también el efecto que tendrá esa recuperación de expedientes ‘congelados’ desde septiembre del 2021 y la actual fecha de entrada en vigor de la nueva normativa.

La retroactividad de la que ha hablado el consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se refiere a la propia recepción de ayudas también al norte del Duero, pero en una cuantía igual a la recibida al sur -regida por los baremos de la orden aprobada en 2019-, mientras que a partir de ahora se tendrán en cuenta unos nuevos baremos que prevén duplicar las ayudas, como compensación por el hecho de que las administraciones traten de proteger al lobo como especie salvaje, aunque la Junta aboga aún por que pueda ser cazado como forma de control frente a los ataques.

La propia orden apela a que el actual contexto económico, con incrementos en los precios de la energía, en las materias primas y en el precio de los productos alimenticios, «requiere de un esfuerzo por parte de las administraciones para actualizar los baremos de las indemnizaciones de un sector prioritario en Castilla y León», por lo que se incorporan factores que tratan de acercarse al daño real ocasionado con los ataques.

De este modo, se cuantifican en función del tipo de ganado el pago del lucro cesante, de los costes asociados a la explotación derivados del daño, así como otros gastos veterinarios producidos en animales heridos.

En concreto, las cuantías de los baremos oscilan por especies (incluidos los perros pastores) y establece una cantidad específica como «valor intrínseco del animal» que oscila entre la menor de 10 euros por una gallina hasta los 1.500 euros que fija para toros o vacas adultas paridas.

En el caso del ovino serían 160 euros como valor intrínseco, para el caprino 155 euros, el cordero o cabrito 90 euros, el vacuno oscila entre los mencionados del toro o la vaca adulta (1.500 euros) y los 680 euros por un ternero de entre cero y seis meses, en el caso del equino varía entre los 250 euros por un potro de escasos meses y los 990 euros que establece el baremo por una hembra preñada de entre 3 y 14 años.

Para el porcino, la orden distingue entre los cerdos ibéricos, con entre 60 euros por lechones y 650 euros por machos reproductores, y los cerdos blancos, con 45 euros por los lechones y los 360 euros para los machos reproductores, mientras que entre las gallináceas, oscila entre los mencionados 10 euros por una gallina y los 35 que alcanzan los gansos y las ocas.

La orden también incluye como animal amparado por estos baremos a los perros que ayudan en el control de la explotación ganadera y puedan ser también objeto del ataque del lobo, con 500 euros para cachorros de hasta 9 meses y 800 euros en caso de que hayan superado esa edad.