Mario Rivas, a un paso de ser procesado por un delito de prevaricación

El tiempo corre en contra del alcalde de Villablino . La jueza le ha citado a declarar el próximo martes, 16 de mayo por un delito de prevaricación administrativa, por lo que podría abrirse juicio oral antes de las elecciones y el PSOE tendría un candidato procesado. La candidatura de Mario Rivas fue presentada el pasado 5 de abril en un acto al que acudieron el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, la procuradora Nuria Rubio y la anterior alcaldesa de Villablino, Ana Luis Durán y hoy mismo está previsto que esté junto a la ministra Raquel Sánchez en Bembibre.

La declaración de Mario Rivas se produce casi un año después de que DIARIO DE LEÓN publicara por primera vez que el ayuntamiento destinaba de manera presuntamente ilegal 30.000 euros al año a una gestoría de la localidad, G&G asesores, para la elaboración de las nóminas del personal municipal. Este pago se repetía desde 2017, cuando el funcionario encargado de realizar esta tarea enfermó y, posteriormente, falleció. El decreto por el que el alcalde, Mario Rivas, aprobó con la gestoría un contrato menor por valor de 2.478,08 euros data del 6 de noviembre de 2017 y especifica que esa partida se destinará a «labores de revisión y mecanización de envíos a Seguridad Social del mes de septiembre de cinco empresas, confección y revisión de recibos de salarios del mes de octubre y mecanización de las empresas citadas».

Y es que, según la ley de contratos públicos, cualquier prestación de servicios contratada por una administración debe ser licitada siempre que supere los 15.000 euros anuales. Además, los contratos menores no pueden ir prorrogándose, como ocurre en este caso. De esta manera, y desde 2017, la gestoría habría recibido alrededor de 150.000 euros. Un contrato de 30.000 euros anuales debe seguir todos los trámites de publicación, licitación y adjudicación al duplicar el limite máximo permitido por la ley para ser otorgado de forma directa.

En 2022, la partida estuvo recogida en los presupuestos dentro de una partida englobada como Estudios y Trabajos técnicos que ascendía a 51.000 euros. En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Villablino se encuentran algunos de los pagos por este servicio, pero no todos. En el apartado de contratos menores sólo aparecen ocho meses de 2018 y el mes de enero de 2019. Para encontrar el concepto total hay que acudir a la liquidación del presupuesto de gastos , donde figura consignado como ‘Estudios y Trabajos Técnicos’. Este punto ha ido incrementándose de manera anual desde 2016.

En aquel año, el gasto ascendía a casi 25.000 euros, cifra que se incrementó un año después hasta los 49. 342 euros mientras que en 2020 supuso un gasto de 60.044 euros.

El pasado cinco de abril, el candidato Mario Rivas lamentaba el «camino complicado» que había sufrido durante estos últimos años y confesaba haber recibido no menos de catorce denuncias. «La inmensa mayoría no ha llegado ni siquiera a diligencias previas», aseguraba y añadía que, en su caso, «el delito ha sido no achicarse y no responder a chantajes de los que se creen poderosos».

Mario Rivas terminaba su intervención asegurando que saldría «de nuevo a por todas, sin complejos, sin arrugarse y siendo sinceros, honestos y honrados» para «representar al municipio de la mejor manera posible, con trabajo, dedicación y esfuerzo».

Sin embargo, el todavía alcalde no explicó a qué responden las 14 denuncias que aseguraba haber recibido y cuáles de ellas han prosperado. Entre ellas se encontraría precisamente la que podría acabar con su carrera política y de la que nunca ha dado explicaciones a la oposición. Entonces, trató de zanjar la denuncia —hace casi un año— admitiendo que la citada asesoría G&G recibía pagos del Ayuntamiento.

Lo justificaba en unos «servicios de acompañamiento», al tiempo que negaba que hubiera contrato alguno. Recordaba además que, tras cursar baja el trabajador municipal que realizaba este servicio, el Ayuntamiento había iniciado una colaboración externa con esta asesoría y alegaba el ahorro «significativo» que suponía para las arcas municipales.

Según Rivas, el coste del trabajador era de unos 60.000 euros y el coste con esta colaboración externa era «prácticamente menos del 50 ciento». Además, explicó que se había iniciado un expediente de contratación para poder realizar este trabajo de manera externa, si bien se suspendió al llegar la nueva secretaria porque «entendía que era más conveniente hacer ese trabajo a través de empleados públicos». Aseguraba Rivas en el Pleno, celebrado el 6 de junio de 2022, que el Ayuntamiento buscaba a trabajadores municipales con la cualificación profesional adecuada pero no había encontrado ninguno que quisiera «acometer esa responsabilidad».