Los concejales del PP y PSOE paralizaron la adjudicación inicial
Un total de tres plenos se han necesitado para intentar solucionar la adjudicación de los pastos del monte 530 propiedad del Ayuntamiento de Riaño. En 2021 el consistorio sacó a licitación los montes 530, 521 y 998. Estos dos últimos se adjudicaron a dos ganaderos de Riaño y el monte 530 fue para una ganadera asturiana.
Se celebró un pleno donde los concejales del PP y el PSOE, que suman mayoría en el Ayuntamiento, paralizan la adjudicación al consideran que no están de acuerdo. La junta vecinal de Riaño considera que ese monte es de su propiedad mientras que el Ayuntamiento sostiene lo contrario. Posteriormente se celebra otro pleno en el que por parte de la secretaria se recuerda que dos de los concejales deben salir del pleno o abstenerse de votar ya que son familiares de dos de los ganaderos que se presentaban a la adjudicación de los pastos en litigio. Esta circunstancia no se realiza y los concejales ejercen el derecho de voto.
Eal contencioso presentado por la ganadera asturiana se hubiese evitado si dos de los concejales se hubiesen abstenido o abandonado el pleno ya que eran familiares de ganaderos que se presentaban a la adjudicación. «El contencioso de la ganadera asturiana viene porque ella entiende que si estos dos concejales no hubiesen votado lo tenía adjudicado desde el primer momento y nos hubiéramos evitado ese contencioso», según recuerda el alcalde de Riaño, Fernando Moreno, que junto al secretario ya había recordado del riegos que significaba que los concejales no hubiesen abandonado el pleno.
El Ayuntamiento de Riaño celebra otro pleno en febrero de 2022 para debatir de nuevo la adjudicación de los montes y sus respectivos pastos después de que hacía unas semanas el pleno anulase la adjudicación realizada por la mesa de contratación. Todos los grupos, PSOE, PP y Ciudadanos votaron a favor de la adjudicación definitiva de los montes de utilidad pública 521, 998 y 530. Tanto PP como PSOE vieron la problemática que se le venía encima al Ayuntamiento a iniciarse una denuncia judicial.