Aralia aboga por la liberación de sujeciones en todas sus residencias
El centro de mayores de La Robla acoge una jornada sobre los nuevos cambios normativos
El grupo Aralia, gestor de seis residencias de mayores con casi 600 plazas en la provincia de León, aboga por la liberación de sujeciones en todos sus centros. «Llevamos 5 ó 6 años implantando programas para liberar de sujeciones a todos nuestros centros», afirmó ayer el director general de Aralia, Álvaro Durán, en la Residencia Virgen de Celada de La Robla, gestionada por el grupo, que acogió una jornada informativa sobre la nueva legislación que afecta a las personas discapacitadas y sobre las prácticas de las sujeciones.
El acto contó con la presencia del fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores de Castilla y León, Francisco Javier Gutiérrez, y el gerente de Servicios Sociales de León, Juan Antonio Orozco, así como con el citado director general de Aralia, Álvaro Durán. Estaba dirigida a trabajadores sociales y directores de residencias del grupo.
«Queríamos que esta jornada se celebrase aquí en La Robla porque es la residencia más nueva que tenemos. La abrimos hace dos años y es una residencia con unas instalaciones fantásticas, con un equipo nuevo y con un programa de liberación de sujeciones bastante avanzado», señaló Durán.
La residencia Virgen de Celada de La Robla cuenta con 80 plazas y con un centro de día de 40 plazas. «La aceptación desde que abrimos ha sido fantástica. Hay mucha gente del pueblo de La Robla y también de la comarca. Nosotros conocemos muy bien la comarca porque también trabajamos la residencia de La Pola desde hace 27 años que fue con la que empezó Aralia. Somos una referencia en la zona», afirmó Duran.
El grupo Aralia, además de las de la provincia de León, gestiona otros 20 centros de mayores en toda España. «Nos interesaba mucho conocer la opinión del fiscal porque continuamente están apareciendo nuevas legislaciones que afectan a todo el tema de la tutela, a la protección de la discapacidad y a las sujeciones. Esto nos preocupa muchísimo a lo que trabajamos con mayores», señaló Durán.
Por su parte, el fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores de Castilla y León, Francisco Javier Gutiérrez, señaló que su finalidad en la jornada celebrada ayer en la residencia de mayores de La Robla «es extender y dar a conocer una ley que entró en vigor en septiembre de 2021 y, aunque hayan pasado dos años, es muy desconocida». Aseguró que «la protagonista de la ley es la persona con discapacidad. Lo que pretende la ley es que la persona con discapacidad sea el centro y que sea ella la que dirige la ayuda que quiere que le prestemos los demás. No como hasta ahora que parecía que una persona con discapacidad la poníamos detrás. Que la persona con discapacidad participe en la sociedad igual que el resto de personas porque tiene la misma dignidad que cualquier otra».
Además, Gutierrez trató también el asunto de las sujeciones «que están muy extendidas en los centros sociosanitarios. Una persona entra en un centro e inmediatamente le ponemos un cinturón, una sujeción. Y no somos conscientes de que estamos afectando a un derecho fundamental». En este sentido matizó que «si un médico dice que lo necesita, que se pongan. Pero que sea por eso, porque esa persona lo necesite, no por resultarnos molesta en esa institución. Y que se supervise y se controle esa sujeción. El tener atada a una persona no deja de afectar a la dignidad de la persona. A nadie nos gusta estar atados».
También participó ayer en la jornada, que tuvo lugar en la residencia Virgen de Celada, el gerente de Asuntos Sociales de León, Juan Antonio Orozco, quien aseguró que «entendemos que estas jornadas formativas son fundamentales por la cuestión de las sujeciones. Desde la Junta de Castilla y León queremos fomentar una iniciativa que quiere llevar a las sujeciones cero absoluto, evitando todo tipo de estas medidas tanto de carácter físico como químico que lo que hacen es coartar la libertad de las personas. La intención es seguir realizando este tipo de jornadas en colaboración con la Fiscalía en la provincia de León».