TRIBUNALES
La jueza imputa de nuevo a Rivas, ahora por un presunto delito contra los derechos cívicos
El alcalde esconde desde hace cuatro años la documentación de la liquidación de CMC que le pide un concejal
Imagen de un cartel electoral del candidato del PSOE a la Alcaldía de Villablino, Mario Rivas. J. NOTARIO
A las puertas de la celebración de las elecciones a Mario Rivas se le acumulan las denuncias. Hace dos semanas prestaba declaración por un presunto delito de prevaricación. Ahora, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Villablino declarará por uno contra el ejercicio de los derechos cívicos. La jueza, Ana Cores, considera que es procedente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoar diligencias.
El mismo día de la declaración del alcalde —el próximo 20 de junio— también prestará testimonio el secretario municipal, Miguel Broco. Los hechos que se juzgarán, en el caso de que finalmente se abra juicio oral, se refieren a la petición realizada en 2019 por un concejal de la corporación sobre la ejecución de las actuaciones urbanísticas de desmantelamiento en las instalaciones industriales y mineras de Coto Minero Cantábrico desde el comienzo de su liquidación. En la reivindicación, solicitaba los permisos con que las obras se ejecutaban, la fecha de solicitud de los mismos, la de concesión, los proyectos con los que contaban, las tasas municipales e impuestos así como la fecha de abono de las mismas, las acciones de inspección o sancionadoras que se hubieran podido llevar a cabo por parte del Ayuntamiento en las distintas instalaciones industriales y mineras existentes en el municipio, etc. Entre ellas, el concejal reclamaba datos acerca del lavadero de Carbón de Villablino, Grupo Minero Carrasconte, Braña de San Miguel, Estación de Ferrocarril de Villablino, Nave de Talleres, instalaciones de Las Rozas y la acumulación de grandes cantidades de carbón en alguna de ellas, en especial, el Lavadero de Carbón de Villablino.
El edil justificaba entonces su reclamación en su labor de fiscalización de las distintas actuaciones de desmantelamiento que los administradores concursales de Coto Minero Cantábrico estaban llevando a cabo, puesto que Mario Rivas no ofreció explicaciones ni respondió a los concejales de la corporación cuando se le preguntó si el Ayuntamiento de Villablino tenía algún tipo de conocimiento o relación con ellas y estaba garantizando el cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental.
El Comisionado de la Transparencia ha solicitado dicha información al alcalde hasta en cuatro ocasiones a lo que Mario Rivas ha hecho oídos sordos. Esta situación le llevó a abrir un proceso que falló a favor del denunciante. El edil decidió entonces abrir una causa penal contra el alcalde que tiene su primer ‘asalto’ con la declaración de Rivas.
El caso de la liquidación de CMC coincidió con el inicio de la adquisición de fincas en los terrenos de San Miguel cedidos a MSP para la explotación del Feixolín y que, según el contrato firmado por los vecinos con los responsables de la empresa minera de Victorino Alonso, deberían haber revertido en el pueblo una vez cerrado el cielo abierto. El alcalde es propietario de al menos tres fincas en San Miguel que fueron subastadas en la liquidación de CMC. Se trata de parcelas que la MSP adquirió a través del vecino de Laciana José Fernández Castro, entre los años 1995 y 1996 a los siguientes vecinos: Celia Otero, Florentina Barrero y Aurelio Arias García. Pese a que el alcalde figura como titular de dichos terrenos en el Catastro. Mario Rivas habría comprado estas fincas durante su mandato como alcalde y para la adquisición no pidió informe jurídico alguno, puesto que el que presentó en uno de los plenos realizados tras la publicación de DIARIO DE LEÓN tiene fecha de 28 de enero de 2022, apenas unos días antes de la celebración de la sesión plenaria, en la que Rivas ya sabía que los miembros de la oposición le pedirían explicaciones sobre la liquidación de CMC.
Fue en un pleno de 7 de febrero de 2022 cuando Rivas trató de dar cobertura a sus adquisiciones. Sin embargo, el informe recogía que el acuerdo entre MSP y la Comisión Vecinal fue ratificado por un acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Villablino de 1998.
La pregunta que hay que hacerse es la razón por la cual —y con toda esta información— Mario Rivas se ha negado durante cuatro años a facilitar una información pública a un concejal de su Corporación y por qué incluso tras la intervención del Comisionado de Transparencia de la Junta ha mantenido esos documentos escondidos.