El campo no se sentará con la Junta antes de la protesta del 15 y exige la declaración de sequía

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León aseguraron ayer que mantienen la manifestación en unidad de acción convocada para el próximo jueves, 15 de junio, ante la falta de soluciones y de medidas concretas por parte de la Junta a la «peor sequía de los últimos 40 años» que, según sus datos, se ha saldado con unas pérdidas de 2.000 millones de euros.

Asaja, UPA y Coag y UCCL aseguran que desean y que están «a la espera» de que el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas , cumpla su compromiso de convocar un Consejo Regional Agrario presidido por el presidente de la Junta, sentenciaron que ya no hay días para que esa reunión tenga lugar antes de la manifestación del día 15, que mantienen, desde el convencimiento de que la Junta ha tenido «tiempo más que de sobra».

«Nuestras agendas también están ocupadas (...) A partir de ahí estamos a su entera disposición, el campo lo necesita más que nunca», aseveró en concreto Donaciano Dujo que lamentó que haya pasado casi un mes desde el Consejo Regional Agrario del pasado 18 de mayo sin que la Junta haya aprobado ayudas que permitan hacer frente a «un año catastrófico» que ha dejado a los 40.000 profesionales del sector «en una situación precaria y de muchas dificultades económicas» a lo que ha añadido que el 15 de septiembre tendrán que afrontar la nueva sementera.

¿A qué esperan?

Además, los representantes de Asaja, UPA, Coag y UCCL hicieron una petición expresa al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para que declare la situación de sequía «ya», como ocurrió en 2017, ya que, de lo contrario, muchas de las ayudas no tendrán «cobertura legal». «¿A qué esperan este año?», se han preguntado los dirigentes de las OPA que reclaman a las tres administraciones (comunitaria, nacional y autonómica) ayudas por valor de 1.000 millones para que los productores de Castilla y León se hagan cargo de los otros 1.000 millones.

«Si vienen —la Junta— con 1.000 millones de euros igual hasta desconvocamos», ironizó en concreto el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que, al igual que Donaciano Dujo, de Asaja, y Lorenzo Rivera, de la Alianza UPA-Coag, reprocharon la falta de negociación y de ayudas por parte de «los que son los del medio rural y del campo», han criticado en alusión al Gobierno de PP y Vox, partido este último a cargo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Las organizaciones agrarias reclaman en concreto ayudas directas y financieras —préstamos al cero por ciento con dos años de carencia y amortización en siete años— y flexibilidad de la PAC, ante la «barbaridad agronómica» de tener que dejar hasta el 1 de septiembre parcelas llenas de malas hierbas, y han aclarado que precisarán a qué quieren destinar los fondos autonómicos cuando la Junta ponga sobre la mesa la cuantía económica que aprobará para paliar las pérdidas por la sequía de 2023.

«A lo mejor nos llevamos la sorpresa de que es un paquete mucho más amplio y nos quedamos cortos en las peticiones», ironizó Dujo para apuntar, en el mismo tono, a que ese sea el motivo por el que la consejería no ha dado a conocer unas medidas que, según sus cálculos, deberían rondar los 200 millones de euros, ya que Extremadura ha aprobado 37 millones para dos provincias.

Por otro lado, tanto Dujo como González Palacín y Lorenzo Rivera dieron la «bienvenida» a las ayudas del Gobierno de la nación que, según reprocharon, no obstante, «se quedan muy escasas» y llamaron a incrementarlas «de forma considerable» tras haber «robado» la mitad de las ayudas que consideran que les pertenecen de haber sido declarada Castilla y León como zona de afección alta y no media.

«Las ayudas no tiene que ser una compra de votos», aclararon también para reclamar un reparto de ayudas para los profesionales y que no haya diferencias entre comunidades autónomas. «Sería un error de bulto dejar que muchas explotaciones echen el cierre», advirtieron también al ministro Luis Planas al que recordaron que las ganaderías que se cierren «ya no se abren». «Hace falta voluntad política y, sobre todo presupuesto», reclamaron a todas las administraciones.