La Junta eleva a 145 millones las ayudas por la sequía e incluye a los agricultores sin seguro

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este jueves las ayudas extraordinarias por los efectos de la sequía dotadas de 145 millones de euros, una cuantía que se puede incrementar hasta los 745 millones si se suman los 600 millones de anticipos de la PAC, y que se repartirán entre aquellos agricultores que cuenten con un seguro agrario o aquellos que se comprometan a suscribir una prima durante al menos los tres próximos años.

Así lo explicó ayer el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde reseñó que se trata de un conjunto de iniciativas de carácter regulatorio, otras dirigidas a dotar de liquidez al sector y un tercer bloque que incluye ayudas directas y medidas de índole fiscal.

La Junta ha acordado así para dar liquidez a los profesionales del campo con los pagos de los anticipos de ayudas directas de la PAC que podrían llegar a esos 600 millones de euros y la bonificación de intereses de préstamos que podría suponer unos 60 millones de euros.

Asimismo, en cuanto a las ayudas directas, el Gobierno de Castilla y León ha acordado destinar cuantías económicas para los agricultores con pólizas de seguro de sequía cultivos herbáceos y que supondrá un incremento de hasta el 25 por ciento de la indemnización determinada por Agroseguro en el caso de agricultores profesionales, cuantía que llegará al 12,5 por ciento para el resto.

En cuanto a los agricultores que carezcan de seguro tendrán también estas bonificaciones siempre y cuando se comprometan a suscribirlo durante las próximas tres campañas. En total, en esta línea, la Junta dedicará 42 millones de euros.

La Junta incrementará en 9,6 millones de euros la bonificación que se otorga a los profesionales del campo por la suscripción de seguros agrarios para que en los próximos cuatro años se alcance una cifra cercana a los 15 millones de euros.

Otras medidas se centran en las bonificaciones fiscales de hasta 20 millones de euros y que incluyen la bonificación de las tasas veterinarias y la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables por agricultores y ganaderos. A estas acciones se suman medidas estructurales que suman 11 millones de euros y que incluyen subvenciones para garantizar el suministro de agua o un plan para la construcción de pequeñas balsas.

Las medidas, una a una

Las acciones de carácter regulatorio incluyen la prórroga de los plazos establecidos para cumplir determinados compromisos, tanto del primer pilar (ayudas directas financiadas por el Feaga) como del segundo pilar (intervenciones de desarrollo rural cofinanciadas por el Feader) de la Política Agrícola Común y la flexibilización y establecimiento de excepciones a los requisitos de la Política Agrícola Común recogidos en la circular del FEGA de fecha 25 de mayo, en relación con las ayudas directas.

Asimismo, se flexibilizará también la regulación de determinadas cuestiones vinculadas a las intervenciones territoriales del Feader, en las cuales la Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene mayores competencias de desarrollo.

En cuanto a las acciones dirigidas a dotar de liquidez al sector se llevarán a efecto los pagos de los anticipos de las ayudas directas de la PAC que efectuarán a partir del 16 de octubre, de conformidad con lo que disponga el reglamento europeo que establezca los porcentajes máximos de anticipo y las condiciones para efectuarlos.

Así, en Castilla y León se anticipará el máximo porcentaje que se autorice por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE (en principio el 70 por ciento), así como hasta el 85 por ciento de las ayudas Feader incluidas en la solicitud única correspondiente al año 2023.

En cuanto a la bonificación de intereses de préstamos consiste en bonificar el interés de los préstamos de hasta 60.000 euros máximos por explotación, a cinco años con un primer año de carencia y cuatro de amortizaciones constantes, con tipo variable con referencia al Euribor más un diferencial del 0,5. Dicha bonificación alcanzará el cien por cien para agricultores profesionales y el 40 por ciento para el resto.

En esta medida también se contempla, en su caso, el coste del aval de Saeca u otra entidad avalista, que se podrá exigir para la suscripción del préstamo. La inversión prevista en esta medida es de aproximadamente 60 millones de euros.

Las medidas incluyen también ayudas directas que consiste en establecer una ayuda destinada a los agricultores con pólizas de seguro de sequía de cultivos herbáceos y, en su caso, de pastos, que se calculará en forma de complemento a la indemnización que, por riesgo de sequía en las pólizas de cultivos herbáceos de secano, determine la entidad Agroseguro en 2023, con un incremento de hasta el 25 por ciento sobre la indemnización determinada en el caso de los agricultores profesionales, o del 12,5 por ciento para el resto de los agricultores.

Asimismo, en esta ayuda directa también se incluirán como beneficiarios aquellos agricultores profesionales sin póliza de seguro por sequía en 2022-2023, que se comprometan a realizar la suscripción en las próximas tres campañas agrícolas, con la condición necesaria de su suscripción en este primer año (campaña agrícola 2023-2024).