Ecologistas pide la retirada del proyecto del ‘macrovertedero’ de San Román
Consideran que es incompartible con la protección de las aguas superficiales y subterráneas
Ecologistas en Acción de León ha presentado las primeras alegaciones, en el trámite de consultas a las personas interesadas, pidiendo que se abandone el proyecto del «macrovertedero» de residuos industriales y peligrosos de San Román de la Vega (León) por considerarlo «incompatible con la protección de las aguas superficiales y subterráneas».
En un comunicado, la organización explica que subsidiariamente ha solicitado que se paralice la tramitación del procedimiento hasta que se complete la documentación del expediente y comprenda los informes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el referido al riesgo de inundaciones requerido al promotor por este organismo, así como los que haya emitido la Confederación Hidrográfico del Duero (CHD), la Junta de Castilla y León y los del Ayuntamiento de San Justo de la Vega y de la Diputación de León.
Igualmente, pide que se abra un nuevo periodo de información pública del expediente «completo», con un anuncio oficial que describa «adecuadamente» el alcance del proyecto ya que a juicio de Ecologistas el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BocyL) el 24 de julio no menciona la gestión de los residuos peligrosos.
También demanda que se tenga en consideración, por el órgano ambiental, el informe sobre la idoneidad hidrológica e hidrogeológica de la zona, realizado en 1999 por el CISC. Según Ecologistas, concluía desaconsejando la ubicación del Centro de Tratamientos de Residuos en San Román de la Vega y afirmaba que «el emplazamiento no ha sido convenientemente evaluado en cuanto a su situación hidrológica, hidrogeológica, geológica, geomorfológica y geotécnica». Ahora, en la misma zona, denuncian, se proyecta la construcción de tres grandes vertederos con capacidad para seis millones de toneladas de residuos industriales, incluso peligrosos, lo cual nos parece una negligencia temeraria.
También aseguran que se actúa con «negligencia» poniendo a disposición del público un expediente «incompleto, en el que no se encuentran los informes emitidos por las administraciones implicadas y por organismos públicos de investigación». Además, señalan que el promotor no ha realizado ensayos de permeabilidad del terreno, y no ha aportado el estudio sobre riesgo de inundaciones requerido por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), señalan en su comunicado.