La Junta pretende que todos los pueblos depuren sus aguas sucias

La Junta se ha fijado como plazo la próxima legislatura para que todos los municipios de Castilla y León depuren sus aguas residuales. En la actualidad, según explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se está finalizando la construcción de depuradoras en las localidades de más de 2.000 habitantes y ya ha comenzado una nueva fase en la que se trabaja en unos 200 municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, en la que la Junta invertirá 125 millones.

Además, Suárez-Quiñones explicó que después arrancará una tercera fase que afectará a un millar de municipios menores de mil habitantes, en los que la inversión prevista también rondará los 125 millones de euros. «Entendemos que en la próxima legislatura podremos tener finalizado este programa de depuración de aguas residuales, lo que nos situaría a la cabeza de las regiones europeas que han logrado este objetivo, que se une a otro reto que Castilla y León ya ha logrado como es la eliminación de los vertederos y escombreras», afirmó.

En este sentido, insistió que se trata de compromisos de un gobierno preocupado por estar a la cabeza de la gestión medioambiental de las políticas públicas.

El consejero de Medio Ambiente realizó estas declaraciones durante su visita a las obras de la estación depuradora que se está construyendo en la localidad vallisoletana de Traspinedo, donde la Junta invierte 2,2 millones de euros. Hasta la puesta en marcha de estas obras, los vertidos de este municipio acababan en el Arroyo de la Vega, muy cerca de río Duero, situación que el propio Suárez-Quiñones reconoció que incumplía la normativa europea en materia de vertidos.

La iniciativa de la depuración de las aguas residuales tanto en la fase actual de municipios de entre 500 a 2.000 habitantes, como en la que se iniciará posteriormente para los de menos de 1.000 habitantes afecta la gran mayoría de los ayuntamientos de la provincia de León, que cuentan en la mayor parte de los casos con sistemas de depuración muy deficientes u obsoletos.

Se trata, pues, de un objetivo ambicioso por parte de la Junta de Castilla y León en el que invertirá 250 millones de euros para, como señala el Consejero de Medio Ambiente, poner a la Comunidad Autónoma a la cabeza de Europa en la protección del medioambiente.

Inversiones millonarias que, en la mayoría de los casos, se ejecutan a través de la sociedad pública Somacyl mediante convenios con cada uno de los ayuntamientos afectados.