El PSOE exige transparencia en la adjudicación de las depuradoras ante algunas irregularidades
El PSOE exige a la Junta transparencia en la adjudicación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de León pero PP y Vox tumban la iniciativa, señalan los socialistas en una nota de prensa.
Aseguran que la procura Yolanda Sacristán pone en evidencia las irregularidades cometidas en los municipios de La Vecilla de Curueño, Cimanes de la Vega, Alija del Infantado, Valtuille de Abajo y Villaquejida, y denuncia el desmantelamiento de los servicios en relación a los procedimientos de las obras de la Edar (Estación Depuradora de Aguas Residuales).
Desde el PSOE señalan que durante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Sacristán expuso una Proposición no de Ley que precisamente exigía transparencia a la Junta de Castilla y León en los procesos de adjudicación de obras de construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales, llevadas a cabo en este caso por la Sociedad Pública de Medioambiente de Castilla y León, Somacyl.
Para contextualizar la PNL, la política leonesa explicó cómo la Junta, a través de Somacyl, sacó a licitación las obras de construcción de cinco estaciones depuradoras de aguas residuales, concretamente en los municipios de La Vecilla de Curueño, Cimanes de la Vega, Alija del Infantado, Valtuille de Abajo y Villaquejida. «Con estas prácticas, el Gobierno autonómico constata el desmantelamiento de los servicios públicos, y evidencia la falta de voluntad para garantizar una cualificada dirección, planificación y ejecución de los proyectos, de acuerdo a la legislación vigente», declara la socialista.
Sacristán explica que la ejecución de estas infraestructuras se ha ido posponiendo hasta la llegada de los fondos europeos y ha lamentado el cúmulo de irregularidades que se desprenden de todo este procedimiento de adjudicación.
La política socialista apuntado que el proyecto de construcción de estas cinco estaciones depuradoras ha sido contratado por el Somacyl, y por tanto, es de aplicación la ley de contratos del sector público, que la Junta está incumpliendo. La procuradora ha advertido que «este modo de actuación de la Junta de Castilla y León pone en riesgo la seguridad de las personas».