España defiende que su gestión del lobo se basa en prevenir e indemnizar
El Miteco recuerda que aporta unos 20 millones para garantizar la convivencia con el ganado
La protección del lobo ha alimentado el debate político en la Unión Europea. J.L.CEREIJIDO
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) aporta unos 20 millones de euros anuales aproximadamente desde 2022 para apoyar a las administraciones competentes en los temas relativos a la convivencia con el lobo ibérico en el medio rural.
De esta cifra, incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se han destinado a las indemnizaciones por ataques de lobos al ganado unos ocho millones en 2022 y está previsto otro tanto en 2023.
Por comunidades autónomas, la que más ha recibido por esta causa es Castilla y León (3.998.070), seguida de Asturias (1.921.380), Cantabria (875.130), La Rioja (276.210), Castilla-La Mancha (93.000), Aragón, Cataluña, Extremadura y País Vasco (50.000).
En relación a las cifras para medidas preventivas, en 2022 se destinaron 7.008.620 millones de euros.
Castilla y León también fue la comunidad autónoma que más fondos recibió con 4.854.400, seguida de Asturias (1.740.450), Cantabria (777.975,00), La Rioja (196.800), Castilla-La Mancha (95.325) y Aragón, Cataluña, Extremadura y País Vasco (50.000).
Según el documento, la solicitud de la Comunidad de Madrid «no se pudo atender por llegar fuera del plazo» para la fiscalización de fondos de 2022.
Además, según el mismo texto, Galicia de «forma voluntaria» decidió no suscribir la Estrategia nacional, por lo que no se transfirió la cantidad de 1.949.280 millones de euros para los daños al ganado y otros 2.407.725 millones para la adopción de medidas protectoras.
El Miteco señala asimismo, que España ha impulsado durante los últimos años «un enfoque basado en la aplicación de medidas preventivas y en la indemnización» de los daños registrados por el lobo sobre las actividades del medio rural, para «tratar de lograr la coexistencia» entre la ganadería extensiva y la presencia de los ejemplares en el medio natural.
Apunta, no obstante, que no dispone de información «detallada y homogénea» sobre el destino que las administraciones autonómicas han dado a las partidas económicas transferidas, «lo que puede poner en peligro el acceso el año próximo a este dinero».
Según el documento, en España, la especie se distribuye por tres regiones biogeográficas: atlántica, mediterránea y alpina.
La protección del lobo ha alimentado el debate político en la Unión Europea en los últimos tiempos, con una resolución aprobada en el Parlamento Europeo el pasado noviembre que pide revisar el estatus de ese y otros grandes carnívoros, y una réplica por carta de doce países, entre ellos España, Alemania, Portugal o Eslovenia, que defienden que se mantenga su estatus.
Con las elecciones al Parlamento Europeo a la vista y en un contexto de creciente tensión entre agricultura y protección de la biodiversidad, la Comisión Europea se abrió el pasado 4 de septiembre a revisar la situación del canis lupus.
El Ejecutivo habilitó para ello una dirección de correo electrónico para que «las comunidades locales, científicas y todos los grupos interesados» enviaran información.
«Organizaciones ecologistas como WWF, EuroNatur, BirdLife o Client Earth acusaron a la Comisión de «difundir información engañosa», pues «la evidencia científica ha demostrado que los lobos no ven a los humanos como presas, y los encuentros fatales son excepcionales».