Tres ciudades rechazan centros para refugiados como el que se plantea como alternativa al Parador de Villablino
En Villablino, el acuerdo plenario de cesión de los terrenos que iban a acoger el parador ha sido recurrido por un vecino
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca ubicaciones para construir los nuevos centros para refugiados como el que se instalará en los terrenos reservados para el fallido Parador de Turismo de Villablino. Son tres ya los ayuntamientos que han rechazados acoger este proyecto que pretende repartir por toda la geografía española las nuevas 5.700 plazas propias de acogida que la Unión Europea ha designado para España.
Los ayuntamientos de Logroño y Valladolid y el Gobierno de Cantabria han renunciado a tener uno de estos centros ya que tras las elecciones del 28M los acuerdos pactados por los anteriores equipos de gobierno se han paralizado.
El proyecto de Laciana, apoyado por el equipo de gobierno de Mario Rivas como alternativa al parador de turismo, se encuentra ahora pendiente de la tramitación de un recurso de reposición interpuesto por un vecino, que considera que se ha producido una irregularidad (fraude de ley) en los términos de la aprobación del citado acuerdo, por lo que «resulta nulo de pleno derecho y debe ser nuevamente sometido a su aprobación por el pleno».
Dentro de este recurso, este particular recuerda que según la ley se estipula que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de este tipo de acuerdos, mientras que el acuerdo se adoptó por mayoría simple, es decir 6 concejales de los 13 ediles con los que cuenta la corporación.
El pasado día 9, Rivas anunció que el Ayuntamiento iba a dar traslado al ministerio este procedimiento de recurso a fin de que en su condición de interesado y por término de diez días hábiles pudiera alegar cuanto estime procedente.
La oposición municipal ha mostrado en varias ocasiones su postura contraria al proyecto y, de hecho, no apoyó la cesión de los terrenos al tener dudas de su legalidad y abogar por otro tipo de proyectos que supongan la creación de empleo en la zona.
Los tres ediles del Partido Popular votaron en contra ya que según explicó su portavoz, Roberto González, no le parecía adecuado este tipo de centros en la comarca debido a la situación en la que se encuentra Laciana y consideraba que la población lacianiega debería de opinar al respecto y llevar a cabo una consulta popular. Por su parte, Podemos-IU se abstuvo alegando su cabeza de lista, Silvia Mozo, que en este momento «la prioridad es generar empleo y estabilidad socioeconómica» para favorecer así la integración y el desarrollo del valle.
Con la construcción de nuevos centros o la adaptación de instalaciones ya existentes, el proyecto, financiado con 231 millones procedentes de los fondos europeos Next GenerationEU, busca reforzar el sistema español de acogida de atención humanitaria y de protección internacional y ampliar las 400 plazas gestionadas hasta ahora por la propia administración entre finales de 2024 y principios de 2025.
Y es que el Ministerio tiene que cumplir con las actuaciones comprometidas en el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para reforzar el sistema de acogida en España con 5.700 nuevas plazas a través de la construcción o de la adaptación de instalaciones para la atención humanitaria de refugiados porque esos fondos son «finalistas y no pueden destinarse a otro fin».