Acaba el plazo de alegaciones al parque de residuos de San Román

El pasado viernes 29 de septiembre concluyó el plazo para presentar las alegaciones al Proyecto Regional de Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos (PMTR) que se pretende ubicar en San Román de la Vega, en cuyos terrenos ya se encuentra el CTR provincial. Ante este nuevo proyecto, el Ayuntamiento de la localidad ha formalizado cuatro alegaciones para, según explica el alcalde, Juan Carlos Rodríguez, «garantizar que cumplen con todas las normativas urbanísticas y ambientales». El regidor asegura que como alcalde no está «ni a favor ni en contra de este proyecto», que ocupará una superficie de 40,6 hectáreas colindante CTR y en la que se gestionarán 380.000 toneladas anuales de diversos tipos de residuos, sino que su obligación «es garantizar que no afectará a las condiciones ambientales de la zona».

Una vez que se presentó el proyecto, que prevé una inversión de 47,7 millones de euros a cargo de la empresa privada Valorización Verde y la creación de unos 200 empleos directos, el Ayuntamiento encargó dos informes, uno al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de León, y otro a una consultora privada. Según explica Rodríguez, el primero era «bastante descafeinado» y concluía con que el proyecto cumple con toda la normativa ambiental. Del segundo, «mucho más completo, pero no demasiado exhaustivo por el poco tiempo con el que se hizo y la mucha documentación que acompaña al proyecto», se desprenden alegaciones jurídicas, técnicas, de ubicación «que son las que más nos interesan ya que el proyecto altera las condiciones ambientales y degrada la zona» y las socioeconómicas.

«Con el CTR se nos dijo que vendrían muchas empresas y que se generaría empleo en la zona, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario, sufrimos una despoblación brutal que nos ha llevado a perder más de 500 vecinos, pasado de tener 2.289 en el año 2000 a 1.765 en el 2022», explica el alcalde

Rodríguez asegura que «tampoco se han mejorado las infraestructuras, ni se ha compensado el daño que ocasionó su construcción, ni se ha fijado población ni creado nuevas oportunidades».

Lo que está claro, según el alcalde, es que es una iniciativa privada avalada por un proyecto regional, por lo que «solicitamos estar dentro del expediente para estar vigilantes de que se va a cumplir la normativa, ya que entre otras cosas los terrenos elegidos son rústicos, por lo que habrá que recalificar el suelo». Rodríguez concluye que «si toda la documentación está en la regla la Junta tienen que hacer una labor de vigilancia extrema para se cumpla la normativa».

Ecologistas

Por su parte, Ecologistas en Acción también ha presentado una batería de alegaciones ya que considera que «el proyecto es contrario a la legislación ambiental, de residuos, de vertederos, de ordenación del territorio y de patrimonio cultural y así se ha expuesto en las alegaciones».

También ha pedido que se incluya el riesgo por actividad sísmica en el Estudio de Impacto Ambiental y en los respectivos informes y que han de emitir tanto la CHD como el IGME, después del terremoto de 4,3 grados que se produjo este fin de semana en León y que tuvo el epicentro cerca de San Román.