Diario de León

La federación pide a la Junta y al Gobierno que cambien la ley sobre juntas vecinales

La normativa estatal no permite la creación de nuevas pedanías y entra en contradicción con la norma autonómica

Un joven se sube a un pendón en una romería de Castrotierra, en una imagen de archivo. JESÚS

Un joven se sube a un pendón en una romería de Castrotierra, en una imagen de archivo. JESÚS

León

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La Federación Leonesa de Juntas Vecinales , aprovechando el proceso que se ha abierto para la recuperación de 13 entidades locales menores en el municipio de Boñar, reclama tanto al Gobierno Central como la Junta de Castilla y León que cambien la actual legislación que les afecta, una normativa que, además, se contradice ya que mientras la estatal no permite la creación de nuevas juntas vecinales , la autonómica sí. Además piden al Gobierno autonómico que lidere este proceso a nivel nacional ya que cuenta con dos tercios de todas las entidades locales menores de España. La provincia de León, con 1.226 juntas vecinales tiene un tercio de las existentes en el país.

Según señala el secretario de la Federación Leonesa de Juntas Vecinales, Carlos González Antón, la situación de las 13 juntas vecinales que ahora se pretenden recuperar en Boñar «era una anomalía histórica porque no tiene sentido que en León tengamos 1.226 juntas vecinales en el Registro Estatal de Entidades Locales, y algunas de ellas con menos población y menos capacidad que los pueblos de Boñar y que en estos 13 pueblos no existan, porque en otros tres pueblos de Boñar sí hay. Era una anomalía que hay que corregir».

Según subraya, «es de altísimo interés que esto se ponga en marcha. Ahora se abre un procedimiento en el cual la Junta de Castilla y León es la debe resolver. Y, además, deberá resolver una contradicción normativa que existe entre la legislación estatal y la legislación autonómica porque la legislación estatal impide la creación de nuevas entidades locales menores con la reforma de la ‘Ley Montoro’ . En cambio, la ley de Castilla y León sigue manteniendo esa posibilidad»

Referentes

La federación demanda una regulación específica como ya tienen Asturias y Cantabria

En este sentido González Antón confía que este proceso «sirva para dos cosas. Una, que en las Cortes de Castilla y León se planteen, en primer lugar, reformar la Ley de Régimen Local del año 1998. Es decir, tenemos una ley del siglo pasado que se ha visto no adecuada para regular a las juntas vecinales que, incluso, se sigue sin cumplir. En segundo lugar, las Cortes de Castilla y León deberían plantearse, y lo hemos dicho varias veces, aprobar una ley específica para concejos y juntas vecinales, para entidades locales menores, como han hecho Asturias o Cantabria. Son referentes cercanos». Recuerda que Castilla y León tiene dos tercios de las juntas vecinales de toda España, León tiene un tercio de las de España. Es decir, «las entidades locales menores es una realidad claramente castellano y leonesa. Sobre todo leonesa, pero no hay que despreciar las que hay en Burgos o en Palencia. Por lo tanto, creemos que Castilla y León debería liderar la legislación de regulación de una figura que es muy propia de nuestra tierra», señala.

En cuanto el Estado, afirma que ya es hora de devolver también a las entidades locales menores a donde le corresponde: al artículo 3 de la Ley de Bases de Régimen Local, «porque, en su momento, nos quitaron de este artículo y nos mandaron a un rincón de una disposición. Nosotros exigimos que se reforme el artículo 3 de la Ley de Bases para que como entidad territorial, al lado del municipio, la provincia y la isla, estén también las entidades locales menores». Asegura que «la Ley Montoro de 2013 intentó eliminar de cuajo a todas las entidades locales menores. Es la Disposición Transitoria 4 y 5 que nos mandó a un rincón mirando a la pared. En una de ellas ponía que aquellas que no rindiesen cuentas quedarían extinguidas. En aquellos años hubo un miedo terrible y llegó a rendir cuentas más del 90%. Las que no rindieron tampoco fueron extinguidas, pero luego se ha ido relajando el asunto y ahora rinden cuentas muchas menos. Esas disposiciones transitorias decían que sólo mantendrían su personalidad jurídica las existentes, pero que ya no se podrían crear nuevas».

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