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ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DEL POZO EMILIO DE LA HVL

Diez años sin paz ni descanso para los seis de Tabliza

- Se cuestiona si el desprendimiento instantáneo de grisú fue inevitable o no. En el caso del accidente, está a la espera de lo que interprete la sentencia. El proceso judicial ha estado, desde luego, muy lejos de la rapidez deseable

Mineros Vasco gif

León

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El 28 de octubre hace diez años, a las 13.24 horas, un escape de grisú de extraordinarias dimensiones invadió la Planta 7ª Este del macizo 7º del Pozo Emilio del Valle, en el Grupo Tabliza de la Hullera Vasco Leonesa . El oxígeno desapareció del taller en segundos y ni siquiera dio tiempo a que se colocasen sus autorrescatadores para huir al picador José Antonio Blanco Barrio, de 43 años; el vigilante Juan Carlos Pérez Fernández, de 41 años; el picador Manuel Antonio Moure Fernández, de 40 años; el tubero Orlando González Fernández, de 44 años; el picador Roberto Álvarez García, de 36 años y el picador José Luis Arias Gutiérrez, de 45 años. Los compañeros que estaban en otras zonas del pozo acudieron a rescatarles atendiendo a la lógica del compañerismo. También contra la razón de las directrices de seguridad. Nueve de ellos sufren lesiones permanentes. 

Han pasado diez años en los que las familias han clamado justicia y han sufrido, siguen padeciendo, un proceso penal interminable que espera la primera de sus sentencias. Porque sea cual sea la decisión, las partes han anunciado que será recurrida. 

La primera esperanza se truncó en abril de 2021, cuando al fin se inició la vista oral del juicio. Duró apenas unos minutos: las propias defensas desvelaron que no formaba parte de la causa la aseguradora Mapfre, que cubría la responsabilidad de varios de los ingenieros. El procedimiento se retrasó varios meses más, pero aseguró que al menos las familias de las víctimas y los heridos cobrasen sus indemnizaciones tras un acuerdo que se produjo durante el proceso posterior.

El accidente se produjo el 28 de octubre de 2013. RAMIRO

Finalmente el largo turno de toma de declaraciones se inició el 6 de febrero de este año. El caso quedó visto para sentencia el 30 de marzo, tras escuchar a casi un centenar de testigos y peritos, que respondieron a las preguntas de una veintena de abogados a lo largo de 25 sesiones que se prolongaron durante horas. El fiscal mantiene la petición de cárcel para 10 de los 14 acusados: Antonio del Valle Alonso, Arturo del Valle Alonso, Aurelio del Valle Jover, Mario Calvo Herce, José Eliseo Solís Álvarez, David Toribio Fernández, Javier Martínez Rico, Jairo Gómez Bartolomé, José Marcos Ulecia Román y José Carlos García Jarrín. Retira la acusación contra cuatro vigilantes que estaban también imputados. 

Considera el fiscal que el accidente no fue imprevisible ni inevitable, sino consecuencia de la falta de acción de la empresa ante los indicios que advertían de la peligrosidad de la explotación. 

Unas claras señales de alarma que todos los trabajadores que prestaron declaración declararon que se conocían y se comentaban en la mina, pero que no quedaron recogidas por escrito ni oficialmente en ninguno de los muchos órganos establecidos para ello. 

Complejidad extrema

En todo caso lo que quedó claro a lo largo de la vista oral fue la extrema complejidad de establecer las causas del accidente. A las diversas explicaciones técnicas de decenas de peritos se sumaron cientos de explicaciones sobre cada extremo que intervenía en las labores mineras, con las que no se pudo establecer qué ocurrió realmente aquel día, ni qué indicaban exactamente los incidentes ocurridos en las jornadas anteriores. Para unos, un aviso desatendido de que la explotación no iba bien. Para otros, las señales que se repetían en cada paso que se daba en una mina calificada de categoría 3, es decir, muy grisuosa. 

Una complejidad, una terminología y una forma de explotación en los pozos, galerías y talleres del Pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa que permitió que ingenieros, peritos y trabajadores jugaran en no pocas ocasiones al ratón y al gato con los magistrados hasta hacer del todo incomprensible para muchos cómo se trabajaba y qué pudo incidir en la previsibilidad o no del mortal accidente. 

La cuestión técnica y los términos hasta entonces muy lejos del tajo ocupó horas y horas de debate durante la vista oral. Autorrescatadores, desprendimiento instantáneo, colapso de la bóveda, movimiento de pilas, sutiraje, electroventiladores, metanómetros y niveles de grisú y sus cotas de explosión, topografía y buzamientos de las capas, medidores en las cabezas de los pánceres, grisuómetros, directrices de seguridad, planes de explotación,... Decenas de conceptos y términos mineros en cuya comprensión se empleó buena parte de las jornadas de interrogatorios. Queda la duda de cuántos se aclararon realmente. 

Todo ello para determinar no tanto qué ocurrió aquel día de hace hoy diez años, porque las múltiples versiones de los peritos y técnicos no son coincidentes y en ocasiones resultan hasta contradictorias; sino si hay responsabilidad penal por parte de la empresa y sus directivos y técnicos por no haber tomado las medidas adecuadas ante las señales de riesgo que se sucedían. 

Parece difícil establecer por qué en aquel turno, ante un «bufido» insólito de grisú, seis mineros muy experimentados, entre ellos un vigilante y dos miembros de la Brigada de Salvamento, pretendieron salir del taller sin que les diera tiempo a colocarse sus autorrescatadores. Y poco se pudo aclarar sobre si ante una invasión brutal de metano (la mina escupió con fuerza unos 19.000 metros cúbicos durante horas) alguna medida de seguridad hubiera sido efectiva. 

Para la interpretación judicial, que se espera desde finales de marzo, queda establecer si las constantes subidas de grisú que obligaban a evacuar a los trabajadores, la tardanza de la bóveda en caer, los sistemas de ventilación, la orientación topográfica, las directivas de seguridad y el organigrama de seguridad de la empresa, entre otras muchas medidas, eran suficientes para trabajar en una mina tan grisuosa. Y si los incidentes del macizo 7º obligaban a tomar medidas adicionales, más allá de aquellas a las que le obligaba la legalidad. Sobre todo, si hay responsabilidad penal en las actuaciones. 

La cicatriz del accidente del Pozo Emilio de la Vasco se hunde especialmente en el sentimiento de los mineros y de las cuencas. Fue el último gran drama de un carbón que para entonces estaba ya sentenciado de muerte. No queda espíritu minero para recordar. Otra herida más. 

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