La actual crisis migratoria agiliza el centro humanitario previsto en Villablino
El incremento de un 20% de las llegadas de inmigrantes obliga al Gobierno a licitar de urgencia el proyecto
El centro se construirá en los terrenos inicialmente destinados al fallido parador de turismo proyectado en Villablino. ARAUJO
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva a cabo una declaración de urgencia la tramitación por procedimiento abierto del expediente de contratación del servicio de redacción, dirección de obra y ejecución de obra para la construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en Villablino. Y es que según reconoce el propio Ministerio, en los últimos seis años se ha multiplicado un 20 por ciento el flujo de llegadas a «nuestras costas y fronteras de personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional», lo que conlleva que se haya «creado una enorme presión sobre el sistema de acogida» pues el Estado está obligado a atender estas situaciones de emergencia y buscar dar soluciones estables en la acogida y atención humanitaria que presta.
En este sentido, para hacer frente a la necesidad de responder a la situación de fuerte presión migratoria y poder cumplir con las obligaciones actuales del Estado en materia de inmigración, se lleva a cabo la tramitación de urgencia que «permitirá reducir los plazos de tramitación a la mitad lo que posibilitará que la obra a ejecutar en el futuro se haga realidad en unos plazos más ajustados y eficaces con el fin de hacer frente al incremento de solicitudes de asilo anteriormente mencionado». Una tramitación que según el Ministerio considera necesaria por la complejidad, importancia y extensión en el tiempo de este programa. Y reconocen que la identificación de terrenos y edificios adecuados, la negociación con autoridades y propietarios, la elaboración de los estudios necesarios, la contratación de servicios, la construcción y/o reforma de las instalaciones, entre otras actividades, «implican un esfuerzo y una inversión de tiempo y dinero considerables», teniendo en cuenta, además, que son acciones altamente sensibles a retrasos en su tramitación administrativa «se considera que existen razones de urgencia e interés general que justifican la tramitación de este expediente con carácter de urgencia y en el marco actual de gobierno en funciones»
Tres ayuntamientos
Hace tan sólo unos días el BOE publicaba la licitación de este servicio , dando tan sólo dos días de margen para presentar las solicitudes. El valor estimado para este trabajo se cifra en 778.914 euros, con una duración del contrato desde el día 5 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2026, siendo el plazo de ejecución del proyecto de 135 días desde el 5 de enero del 2024 o desde la formalización si fuera posterior. El plazo de ejecución de la dirección y coordinación será el de la obra, con inicio previsto el dos de enero del año 2025 y su fin previsto el 31 de marzo del 2026.
Un proyecto que son tres ya los ayuntamientos que han rechazados acogerlo, el cual pretende repartir por toda la geografía española las nuevas 5.700 plazas propias de acogida que la Unión Europea ha designado para España. Los ayuntamientos de Logroño y Valladolid y el Gobierno de Cantabria han renunciado a tener uno de estos centros ya que tras las elecciones del 28M los acuerdos pactados por los anteriores equipos de gobierno se han paralizado.
El alcalde de Villablino, Mario Rivas convocaba el pasado mes de agosto un pleno, tan sólo días después de su investidura, para aprobar la autorización de la cesión en precario del derecho de uso sobre la citada parcela, con seis votos a favor del equipo de gobierno, mientras que la oposición no apoyaba la iniciativa al tener dudas de su legalidad y abogar por proyectos que creen empleo en la zona, así el Partido Popular votó en contra, y proponía que Rivas realizara una consulta popular para saber la opinión de los vecinos, al igual que hizo la oferta de Turespaña y la reversión de los terrenos, en la que solo participó un 3,25 por ciento de la población, Mientras que Podemos-IU se abstuvo. Incluso un vecino de Laciana interpuso un recurso de reposición a este punto plenario, al considerar que se ha producido una irregularidad (fraude de ley) en los términos de la aprobación del citado acuerdo, recordando este particular que según la ley se estipula que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de este tipo de acuerdo, algo que no ha sucedido aquí.