La PAC penaliza a los productores que infrinjan las normas laborales

España ha empezado a aplicar en 2024 la «condicionalidad» o condición social de la Política Agraria Común (PAC), por la que los productores que incumplan las normas laborales en sus explotaciones serán penalizados con un recorte de las subvenciones.

La condicionalidad social, una gran novedad de la reforma de la PAC, incluye los derechos laborales entre los requisitos para el cobro de subvenciones, al igual que los ambientales, los agronómicos o el bienestar animal requeridos hasta ahora.

Se aplica desde el 1 de enero pero las primeras penalizaciones en la PAC por este cambio serán realidad en 2025.

Afecta a los 650.000 beneficiarios de ayudas directas, de desarrollo rural y del Posei canario de la PAC en España, donde la agricultura ocupa a 701.900 personas (534.400 hombres y 167.500 mujeres, según la Encuesta de Población Activa).

Desde el campo, el cambio se ve como una oportunidad para reforzar la cultura laboral, aunque hay confusión y discrepancias, y algunas fuentes cuestionan la carga ideológica y el riesgo de doble penalización, pues las infracciones laborales ya tienen sanción por otra vía.

Sin embargo, según han declarado a Efeagro fuentes de las organizaciones agrarias y de los sindicatos, en este momento la principal preocupación es cómo se va a poner en práctica.