Villablino pretende ahora vender al Ministerio los terrenos para el Capi
La parcela es de propiedad municipal, está valorada en 192.500 euros y deberá salir a subasta
Terrenos en un principio destinados al parador que pretende vender el Ayuntamiento para el Capi. ARAUJO
El Ayuntamiento de Villablino quiere vender los terrenos, donde se había proyectado el fallido parador, y en los que se pretende ubicar el Centro de Protección Internacional (Capi) al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por ello ya está estudiando «la fórmula de como tiene que hacerse legalmente la venta de esos terrenos» afirmó el regidor lacianiego, Mario Rivas, recordando que «siempre dijimos que no íbamos a hacer una cesión de los terrenos sino que se iba hacer una venta» .
Una parcela que ya es propiedad municipal y cuenta con una valoración de 192.500 euros, aunque por el momento el precio de venta no está fijado, «posiblemente se tenga que ir a subasta», destacó Rivas, a la que cualquiera podría acceder a ella «accediendo a ese precio o a mejorarlo, evidentemente». Se trata de una cifra que se encuentra por debajo del 10% de los recursos ordinarios del Ayuntamiento, por lo que permite su venta o subasta por decreto de Alcaldía sin necesidad de llevarlo a pleno.
Un proyecto que sigue adelante con la tramitación pertinente, ya que según explicó Rivas, el Ministerio sigue apostando por Villablino como una zona para ubicar este centro y «nosotros haremos la tramitación para poner a disposición los terrenos» sentenció.
El pasado mes de octubre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevó a cabo una declaración de urgencia de la tramitación por procedimiento abierto del expediente de contratación del servicio de redacción, dirección de obra y ejecución de obra para la construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional (Capi) en Villablino. Y es que según reconoce el propio Ministerio, en los últimos seis años se ha multiplicado un 20% el flujo de llegadas a «nuestras costas y fronteras de personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional», lo que conlleva que se haya «creado una enorme presión sobre el sistema de acogida» pues el Estado está obligado a atender estas situaciones de emergencia y buscar y dar soluciones estables en la acogida y atención humanitaria que presta.
Un proyecto que son tres ya los ayuntamientos que han rechazados acogerlo, el cual pretende repartir por toda la geografía española las nuevas 5.700 plazas asignadas para España