La Junta ve reforzada su postura sobre el lobo tras el respaldo de la Abogada General del TJUE
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ve reforzada su posición de flexibilizar el régimen de protección del lobo después de que el jueves una nueva autoridad europea, en este caso, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), respaldase las tesis de la Comunidad, según señalan desde la Consejería en una nota de prensa.
La letrada pidió la aceptación de la protección «atenuada» de las poblaciones de lobo que se encuentran al norte del río Duero y apostó por permitir, en general, la caza de este carnívoro, manteniendo un criterio favorable a las tesis sustentadas por la Junta de Castilla y León.
Según la Junta, Kokott emite este informe como paso previo a que el TJUE dicte sentencia en el marco de una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en un procedimiento relativo a la caza del lobo al norte del río Duero, un proceso que tiene su origen en 2019 y que pende del TEJUE desde 2022, cuya resolución ahora carece de efectos prácticos, pero sí tienen trascendencia los pronunciamientos técnicos que se puedan realizar, como es éste de la Abogada General del Tribunal Europeo.
El Gobierno de Castilla y León mantiene su posición de exigir al Ejecutivo central que acometa de inmediato la necesaria flexibilización del régimen de protección del lobo en Castilla y León, en concordancia con la última decisión de la Comisión Europea, de modo que, como primera medida, la Junta recupere la capacidad de gestión de la especie, competencia de la que fue privada por la orden ministerial TED/980/2021, de 20 de septiembre.
El pronunciamiento de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recuerdan desde la Consejería, se suma a otros emitidos desde las instituciones comunitarias. El 20 de diciembre pasado, Europa dio la razón a la Junta de Castilla y León. Fue una decisión que marca un antes y un después en esta cuestión, y que venía precedida por pronunciamientos favorables del Parlamento Europeo, de la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y de otras entidades europeas.
La Junta había mantenido una intensa acción política respecto a la gestión del lobo a raíz de que el Gobierno de España tomara en 2021 la decisión de proteger estrictamente la especie al norte del río Duero, como ya estaba al sur, mediante su inclusión en el listado Lespre (Listado de Especies Silvestres de Protección Especial), endureciendo así el régimen permitido por la Unión Europea y retirando de facto las competencias de gestión y control de la especie a Castilla y León y, en general, y a todas las autonomías loberas.
El Gobierno autonómico se posicionó en contra, entendiendo que era una decisión ideológica.